Para actualizar el marco normativo que regula la operación de las direcciones de Registro Público y de Catastro ya que la actual es obsoleta y aqueja a la ciudadanía, el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León presentó en Congreso el proyecto Ley del Registro Público Inmobiliario y de Personas Morales y del Catastro del Estado de Nuevo León.
Josemaría Urrutia García, director general del instituto, señaló que la propuesta es para modernizar la Ley del Registro Público.
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“Para que para que se den una idea tiene 50 años y la Ley de Catastro, 60. Estamos haciendo una propuesta de reforma integral a la ley junto con las cámaras, el Colegio de Notarios, la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, los directores de Registro y Catastro y el diputado líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona”, señaló el funcionario.
Urrutia García dijo que se quiere impulsar una nueva legislación acorde a la realidad del día de hoy con el uso de tecnologías y criterios claros de resolución, tanto en catastro como en registro.
“Y vamos a impulsar que se realicen a la brevedad las mesas de trabajo y se impulse este la discusión y la socialización de este”, detalló.
El uso de la tecnología como la firma electrónica y el “blockchain” son básicamente temas que forman parte del proyecto de reforma, una renovación total, mencionó Urrutia García, en un documento de aproximadamente 350 artículos.
“Propiamente aquí es una reforma total a la Ley del Registro Público y a la Ley del Catastro, que a su vez va a sumar al tema del despojo que ahorita, pues está aquejando a los neoloneses. Con el uso de tecnologías nuevas avanzadas se va a poder blindar este tipo de operaciones, que desgraciadamente todavía sucede el fraude inmobiliario”, dijo.
Eduardo Gaona, coordinador de la Bancada Naranja, indicó que la iniciativa en cuestión forma parte de los derechos garantizados en la Nueva Constitución, y para hacerlos valer, se impulsarán mesas de trabajo desde el Congreso del Estado.
“Lo que se está proponiendo, precisamente, con esta iniciativa de Ley es que la gente pueda tener protección en su patrimonio, antes, durante y después. Y va a tener también protección después porque se están incluyendo en la Ley nuevos medios de impugnación en materia administrativa para que se dote a los juzgadores y se pueda sancionar a usuarios que cometan fraudes, y también a servidores públicos”, dijo el legislador emecista.
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Además de una sanción administrativa, se promueve como sanción la destitución de los servidores públicos que cometan fraude, comentó el coordinador de Movimiento Ciudadano.
