Por la suspensión del pago de sueldos y aguinaldos a más de mil empleados municipales de El Carmen, la Fiscalía Anticorrupción dio entrada a una denuncia por presunta malversación de recursos públicos.
Este desvío de fondos municipales, estatales y federales podría superar los 20 millones de pesos, en obras públicas que nunca se ejecutaron y la simulación de la prestación de servicios por parte de empresas privadas, señaló Eduardo Azael Flores Hernández.
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El abogado litigante es representante jurídico de los demandantes, empleados de diversas dependencias municipales y de ciudadanos, quienes por temor a represalias por parte del alcalde Humberto Medina Quiroga o de sus colaboradores, pidieron el derecho a permanecer en el anonimato.
De acuerdo a Flores Hernández, en la serie de pruebas que se entregaron a la Fiscalía Anticorrupción, se destaca al exsecretario de Desarrollo Urbano, Raúl Vargas Cura, como principal autor de la triangulación en la malversación de los recursos públicos.
El ahora exfuncionario, presuntamente con la autorización del alcalde y de otros funcionarios municipales, operaba el pago de contratos de obra pública como pavimentación y el pago de servicios, y la adquisición de insumos diversos, pero sin que ninguno de ellos se ejecutara.
“Se adjuntan las pruebas documentales para que la Fiscalía Anticorrupción inicie las investigaciones, y en su caso finque las responsabilidades administrativas y legales que ameriten”, señaló Flores Hernández. “Estos documentos incluyen los contratos y las ordenes de pago, así como otras pruebas que acreditan que no se ejecutaron las obras y proyectos respectivos, pero si la salida de las cuentas bancarias de el municipio de El Carmen a los proveedores”.
Destacó que hay varios implicados en la triangulación de los recursos públicos, funcionarios de alto nivel y hasta el propio presidente municipal como responsable jerárquico.
Flores Hernández añadió que en el caso de la injustificada suspensión de sueldos y otras prestaciones económicas a casi un millar de empleados municipales, bajo el argumento de que no hay recursos económicos, también puede constituir desde una falta administrativa grave, hasta un delito de carácter fiscal y penal.
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“Los empleados municipales afectados en su economía familiar decidieron que en la demanda no se incluyeran sus nombres, por miedo a ser despedidos o afectados en sus labores, pero quisieron acudir por la vía jurídica, a exigir el respeto a sus derechos laborales y a recibir un trato digno por parte de sus patrones”, expresó el litigante.
