Un total de 13 alcaldes del área metropolitana de Monterrey y de la zona rural de Nuevo León se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia para denunciar a funcionarios estatales por discriminación, sabotaje, abuso de autoridad y desobediencia.
Encabezados por Daniel Carrillo, edil de San Nicolás, los presidentes acompañados de síndicos y representantes de sus departamentos jurídicos de los ayuntamientos, coincidieron en señalar que el Gobierno estatal viola la Ley General de Responsabilidad Administrativa.
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“Trece municipios estamos presentes poniendo una denuncia por las actuaciones de funcionarios de varias dependencias y también de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del estado... además, un señalamiento por sabotaje para que los municipios no podamos proceder en la prestación de los servicios públicos básicos, así como de nuestra seguridad municipal de proximidad”, explicó Carrillo.
Esta denuncia se une a la solicitud de demanda de amparo del lunes para que los municipios puedan seguir trabajando.
“Estamos completamente seguros de que ambas situaciones van a proceder”, señaló Carrillo.
El nicolaíta destacó que a la denuncia presentada el martes se unieron municipios rurales como Galeana, Lampazos, Bustamante, Agualeguas y General Bravo.
Por la mañana, el Gobierno de Nuevo León señaló que el embargo realizado a los ayuntamientos fue porque tienen adeudos con Simeprode.
“No obstante que continúan los procesos de cobro, cualquier municipio que cuente con adeudos podrá convenir con el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode) para el pago de sus adeudos, que sirvan para contar recursos para cumplir con los servicios de acopio, recepción, transporte, almacenaje, aprovechamiento, reciclaje, transformación, procesamiento, comercialización, disposición final y en su caso, confinamiento de todo tipo de desechos sólidos”, reveló la administración estatal.
Derivado de lo anterior, y ante la necesidad de contar recursos para sustentar el servicio público, los programas y los proyectos que realiza Simeprode, el Gobierno indicó que desde el año pasado se han realizado las gestiones de cobranza administrativa a los municipios a los que se les proporciona el servicio.
“Y que representan un adeudo importante a las finanzas de este organismo, ya que su adeudo supera a más de 300 millones de pesos. Ante la omisión de atender a tales requerimientos, es por lo que el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos ha remitido a la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado dichos adeudos para auxiliar en su cobro, al tener la calidad de créditos fiscales, de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Organismo Público descentralizado”, añadió la administración estatal.
No obstante, Carrillo afirmó que no tienen adeudos y que, incluso hay municipios que ni siquiera tienen convenio con Simeprode.
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“Consideramos tóxico el actuar del gobernador Samuel García y de su equipo de trabajo. Se trata de actos políticos; se afectan únicamente a municipios que no pertenecen a Movimiento Ciudadano”, destacó el munícipe.