La Comisión Jurisdiccional del Congreso del estado acordó, por mayoría de votos iniciar un juicio político en contra de exgobernador Jaime Rodríguez Calderón y Manuel González, quien fungió como gobernador interino por el caso de las “bronco firmas”.
“Se inicia el procedimiento de juicio político en contra de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su carácter de gobernador del estado de Nuevo León y Manuel Florentino González Flores en su carácter de gobernador interino, como responsables por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente a la presidencia de la República”, señala el acuerdo por el que se resuelve procedente la resolución.
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Lo anterior, añade, en los términos de los resolutivos Primero y Segundo del presente acuerdo y por las consideraciones expuestas.
“De conformidad con el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace a los entonces servidores públicos para que informen a esta Comisión lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de la de denuncia y de los demás documentos que la integran, y señalando las siguientes fechas y horario para su respectivo informe”.
El acuerdo indica que en este caso, considerando que no se cuenta con el domicilio conocido de los denunciados, se podrá realizar la notificación por medio de edictos, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Juicios Políticos para el Estado de Nuevo León en correlación con los términos establecidos en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Nuevo León.
Rodríguez Calderón y González usaron en horario laboral a 572 servidores públicos para la recolección de firmas en el proceso electoral del 2018.
La Comisión los citó, en lo individual, a comparecer en un mes, aproximadamente.
Se determinó que la conducta descrita en la sentencia derivada del expediente SER-PSC-153/2018, permite observar y presumir que las conductas desplegadas por el entonces gobernador, Jaime Helidoro Rodríguez Calderón dañan gravemente los intereses públicos fundamentales en sus siguientes vertientes:
1.- Las violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Estatal o Municipal y demás normatividad aplicable en la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales públicos, incluyendo los recursos.
2.- Cualquier acción u omisión intencional que origine una infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado o a las leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus Municipios o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
3.- Las demás disposiciones que sean causal de responsabilidad política que se establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado o en las leyes del Estado.
Lilia Olivares, presidenta de la Comisión, destacó que el Estado debe hacer tres publicaciones el Periódico Oficial y admitió que como Congreso tienen la voluntad de sancionar.”Ellos tienen que tener, primero, su derecho de audiencia como cualquier persona a la que se le está por sancionar para que vengan y expliquen”, explicó la legisladora panista.
Sin embargo, aclaró que esto no quiere decir que no van a ser sancionados.
“Es un procedimiento, como ya les platicábamos en la Comisión, se ha intentado sancionar a estos personajes desde otra Legislatura y no hemos tenido éxito”.
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Olivares indicó que desde el partido del Gobierno del estado hay interés.
