En su última sesión, antes del término de la Septuagésima Sexta Legislatura, la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado informó que Samuel García solicitó un defensor de oficio para enfrentar el juicio político formulado en su contra.
“Les comento que, respecto al segundo escrito presentado por el denunciado, por medio del cual en los términos del tercer párrafo del artículo 16 de juicio político del Estado de Nuevo León, el servidor denunciado solicita a esta comisión un defensor del Instituto de la Defensoría Pública del Estado”, se leyó.
Se propuso instruir a la Oficialía Mayor del Congreso que remita dicha solicitud al Instituto para que le sea asignado un defensor de dicha institución al denunciado.
La propuesta fue puesta a consideración de los integrantes de la Comisión que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Rechazan incidente de nulidad
Durante la sesión los integrantes de la Comisión rechazaron el incidente de nulidad promovido por García el 22 de agosto.
El ejecutivo estatal señalaba presuntas irregularidades en la notificación que fue enviada por el Legislativo.
Durante la comparecencia de Ulises Carlín, consejero jurídico del Gobierno de Nuevo León destacó que el informe presentado en respuesta a la documentación enviada por el Congreso, fue dividido en varias etapas.
“Primera etapa, las irregularidades que existen dentro del procedimiento”, explicó Carlín. “Veíamos, efectivamente, y creo que está en la página del propio Congreso, donde hicieron (la Comisión Anticorrupción) un receso para estudiar más de 900 hojas en 10 minutos y para la simple lectura del mismo se tardaron más de una hora.
“Creemos que no existe realmente ese análisis que deberían en este tipo de casos que son realmente delicados; creemos que ya efectivamente hay una consigna como ha habido en otras partes, en otras situaciones en contra del gobernador”.
Anticorrupción destacó que en relación a este punto que argumenta el promovente, en su escrito de incidente, “esta Comisión determina que este agravio pretendido no es materia del incidente de nulidad, sino motivo de excepción por tratar cuestiones de fondo e impugnación de documentos”.
Los legisladores federales Annia Gómez y José Luis Garza Ochoa solicitaron el juicio político contra el mandatario estatal por, presuntamente, violado cinco artículos de leyes secundarias en siete resoluciones, además de 18 artículos constitucionales.
