Entre 2020 y 2024 Nuevo León ha registrado 28 casos de violaciones a Derechos Humanos de personas periodistas, 24 de ellos corresponden a esta administración y, de estos, en ocho casos se proporcionó atención en diversos aspectos como orientaciones políticas y acompañamientos, señaló Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En el marco del Día Internacional de las Personas Periodistas, que se conmemora cada 8 de septiembre, Méndez Arrellano, y periodistas de distintos medios de comunicación, firmaron un Pliego Petitorio dirigido a los tres poderes públicos del Estado, para proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión.
“Desde el 2020 hasta agosto de 2024, se han registrado 28 casos; 24 corresponden a mi administración, de los cuales en ocho se proporcionaron atenciones diversas y se aperturaron 16 expedientes de queja”, explicó. “También seis de oficio y los restantes a petición de parte, que incluyen detenciones ilegales y arbitrarias, uso desproporcionado o indebido de la fuerza, intimidación, censura, amenazas y agresiones directas”.
Hoy, expresó Méndez Arellano, se hace un atento llamado a las autoridades para que asuman su responsabilidad y tomen acciones.
“Muchos periodistas se ven obligados a abandonar la profesión. Esta problemática está arraigada en diversas formas de censura y de represión estatal. Esto, aunado a una creciente impunidad en los crímenes contra periodistas”.
Méndez Arellano destacó que es importante emplear estos protocolos.
Agregó que a nivel nacional solo 19 estados tienen leyes para proteger la libertad de expresión y solo 13 poseen mecanismos de defensa.
Sin embargo, Nuevo León no está entre esas entidades.
“La ausencia de estos instrumentos legales perpetua un ambiente de impunidad, pero sobre todo de riesgo para quienes ejercen la profesión y desempeñen esta labor”, agregó.
Méndez Arellano afirmó que la CEDH no puede permitir que la violencia siga silenciando las voces que informan.
En el documento se solicita:
- Elaborar, discutir y aprobar una ley integral a nivel local que garantice de manera plena la libertad de expresión y la seguridad para quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Esta ley debe:
1.1 Adoptar una definición inclusiva de persona periodista y de persona defensora de los derechos humanos, acorde a los estándares internacionales.
1.2 Incluir disposiciones que aseguren el respeto al secreto profesional y a la libertad de conciencia, así como el acceso libre y preferencial a las fuentes de información.
1.3 Contemplar un mecanismo de protección para las personas periodistas y defensoras de los derechos humanos, que involucre a autoridades estatales, municipales y organismos autónomos.
1.4 Prever criterios objetivos para regular la publicidad gubernamental en los medios de comunicación, para evitar la influencia indebida sobre los contenidos editoriales, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas.
- Realizar una discusión sobre los marcos normativos que limiten la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pública, a efecto de su reforma o derogación.
- Diseñar un protocolo de coordinación para la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, que involucre a autoridades estatales, municipales y organismos autónomos.
- Adoptar directrices de actuación en las que se establezca como debe ser la relación entre las fuerzas de seguridad y la prensa, acorde a los estándares en materia de libertad de expresión y de seguridad ciudadana.
- Crear una política pública que promueva la igualdad y el pluralismo en los medios de comunicación, lo que podría incluir la regulación del uso y distribución de la publicidad oficial.
- Fortalecer a las instancias de prevención, persecución e investigación de delitos y faltas contra personas periodistas y defensoras de los derechos humanos, en la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial, del Estado de Nuevo León, para que se actuación sea bajo los principios de debida diligencia y el enfoque de derechos humanos, a efecto de que se identifiquen, prevengan, mitiguen y se responda a los riesgos en el ejercicio periodístico y en la defensa de los derechos humanos.
