La administración estatal de Samuel García está solicitando el endeudamiento más alto de los últimos sexenios: 17 mil 500 millones de pesos para el gobierno central y 2 mil 100 para Agua y Drenaje, al menos así lo denuncia el grupo parlamentario del PRI en el estado.
Esta fue la información que surgió tras el nuevo encuentro entre diputados y el tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra. Pero la postura priista parece que también permeó en esta ocasión en Morena.
La primera en abandonar el encuentro fue la morenista Anylú Bendición Hernández, quien señaló no estar dispuesta a aprobar un presupuesto que tendrán que pagar varias generaciones de neoleoneses.
“Me retiré de la reunión porque yo no voy a avalar esto, primero se pidieron 14 mil millones de pesos y ahora 17 mil…”, expresó Hernández, quien estuvo acompañada de su compañera de bancada Grecia Benavides.
“Presentaron este planteamiento, de acuerdo a las obras que ya están establecidas y a obras que ya se encuentran en curso y otras que se pretenden llevar a cabo que son nuevas”, expresó Álvarez. “Lo que le pedimos es detalle para poder hacer un análisis muy responsable”.
La priista advirtió que analizarán el tema del presupuesto con toda seriedad.
“Sabemos lo que representa para el estado de Nuevo León. (La deuda) Es la máxima que se ha solicitado en los últimos sexenios… entonces, por supuesto que vamos a analizarlo a conciencia y vamos hacer un análisis muy correcto… y lo vamos a empezar mañana”.
Álvarez indicó que el Presupuesto 2025 que entregará el Gobierno del Estado, es de 169 mil millones de pesos.
Técnicamente es posible
“La verdad es que tendremos que analizar si el Congreso les va a autorizar los 17 mil millones”, destacó Grimaldo.
Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista, solicitarán una reunión política con el gobernador Samuel García por el incumplimiento de acuerdos, como la no publicación de acuerdos.
Esta solicitud fue secundada por el líder de los priistas Heriberto Treviño Cantú.
De la Fuente indicó que Fiscalía, Congreso del Estado y otros organismos autónomos recibirían menos de lo que solicitaron.
