En cumplimiento de las acciones del Mecanismo Estatal de Prevención de la Tortura (MEPTNL), la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León (CEDHNL) hace visitas de supervisión del funcionamiento en establecimientos que operan como centros de adicciones, para promover entornos seguros y garantizar el respeto a los derechos humanos.
La titular del organismo, Olga Susana Méndez Arellano, explicó que el mecanismo tiene como objetivo supervisar espacios que, por sus funciones, albergan a personas privadas de la libertad o en condiciones de especial vulnerabilidad, para identificar y mitigar riesgos.
“Estas acciones también buscan fortalecer la capacitación en derechos humanos, fomentar la denuncia de posibles violaciones y prevenir la ocurrencia de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, puntualizó la ombudsperson.
Como parte de este esfuerzo, un equipo multidisciplinario de la Cedhnl, integrado por las áreas de la Dirección de Orientación y Recepción de Quejas, el Centro de Atención a Víctimas y la Tercera Visitaduría General, realizó una visita de supervisión a un Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones ubicado en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.
Durante la visita, que se llevó a cabo con la anuencia del responsable del centro, se inspeccionaron las instalaciones y se intercambió información clave para salvaguardar los derechos humanos de las personas internadas, subrayando además la importancia de la regularización de este tipo de establecimientos.
Contra tortura y maltrato
Estas acciones están alineadas con el mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por México.
Este instrumento internacional establece la obligación de realizar visitas periódicas a lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad o internadas por razones de salud o contextos sociales adversos, con el fin de prevenir violaciones a sus derechos humanos.
La Cedhnl reafirma su compromiso con la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante acciones preventivas basadas en inspecciones regulares y no judiciales.
“Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar entornos más seguros, libres de violencia y respetuosos de la dignidad humana”, destacó Méndez Arellano.
