El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad es un esfuerzo integral que busca garantizar el acceso equitativo al agua como un derecho humano fundamental y optimizar su uso.
También fomentar una gestión sostenible del recurso y autoridades estatales y federales hicieron la presentación este jueves.
El acuerdo establece lineamientos claros para coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno, el sector industrial, el sector agropecuario, las universidades y la sociedad en general, con el objetivo de fortalecer la política hídrica en el país y asegurar que el acceso al agua no dependa de factores económicos o administrativos, sino de la necesidad de las personas y comunidades.
Su creación responde a la necesidad de enfrentar los desafíos hídricos actuales, especialmente en un contexto de creciente demanda y variabilidad climática.
Surge como parte del Plan Nacional Hídrico, alineado con la visión presentada el 25 de noviembre por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en coordinación con los gobernadores estatales. Este plan busca priorizar el derecho humano al agua a través de un manejo equitativo del recurso, dando orden a las concesiones, mejorando la infraestructura, regularizando títulos vencidos y estableciendo un sistema eficiente y transparente de gestión del agua.
Uno de los puntos principales del acuerdo es la recuperación e incorporación de volúmenes de agua provenientes de concesiones que actualmente tienen excedente.
Las empresas que poseen estas concesiones pagan cuotas de garantía para mantener esos derechos, pues muchas tienen planes de inversión a dos o cinco años y requieren reservar el agua para su crecimiento futuro.
Sin embargo, mediante este convenio, se plantea una redistribución estratégica del agua, priorizando el consumo humano sin afectar la certeza jurídica de la industria.
Este acuerdo es completamente voluntario y se basa en la suma de esfuerzos entre los distintos sectores.
Luego de su implementación a nivel nacional, ahora se está replicando en cada estado de la República, y en Nuevo León se ha logrado avanzar gracias a la voluntad política del gobierno estatal, encabezado por Samuel García, en colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y representantes de la industria, el agro y la academia.
Derecho humano es prioridad
Con este acuerdo, se busca establecer compromisos concretos para garantizar la soberanía hídrica del país, priorizando el derecho humano al agua, promoviendo la inversión en infraestructura y asegurando que el acceso al recurso sea equitativo para todos los sectores de la sociedad, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
“Lo principal es reincorporar volúmenes de agua de las concesiones que tienen excedentes y que por ley pagan sus cuotas de garantía para mantener esa agua, pero la industria normalmente tiene, a veces, planes de inversión dentro de dos o cinco años y esa agua la tienen de cierta forma pues, apartada. El tema es poder hacer una nueva distribución para priorizar el consumo humano sin que se modifique el título de concesión”, dijo Paola Félix Díaz, coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales y Asuntos Internacionales de la Conagua.
Esta situación, dijo, genera certeza en la industria.
“Y bueno, definitivamente la temporalidad, como decimos, es un acuerdo voluntario, es la firma de este gran convenio, de esta suma que ya sucedió a nivel nacional lo estamos replicando en todos los estados de la República”.
Realizar el acuerdo en Nuevo León es porque hay la voluntad política del Gobierno del Estado, de los funcionarios, del organismo de Cuenca, de la propia Conagua.
“En articular este gran esfuerzo porque aquí, pues como lo sabemos, hay una gran inversión las principales industrias de talla mundial”, señaló Félix Díaz. “También se encuentran aquí y queremos también pues ser ejemplo en Nuevo León de la voluntad social política de la propia industria para participar”.
