Recientemente, un juez federal emitió una sentencia que declaró ilegal la operación de la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, ubicada en Cadereyta, Nuevo León, operada por Petróleos Mexicanos (Pemex).
En la resolución, se determinó que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no cumplió con su obligación de vigilar el cumplimiento de las normativas ambientales, lo que derivó en la contaminación del aire en la zona metropolitana de Monterrey. Como consecuencia, se ordenó a la Asea tomar medidas inmediatas para mitigar la emisión de contaminantes.
El juicio de amparo fue promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Escalada Libre A.C., y el Comité Ecológico Integral, quienes, preocupados por la creciente contaminación en la región y la falta de acciones eficaces por parte de las autoridades, decidieron llevar el caso ante el poder judicial.
De acuerdo con las entidades mencionadas, la sentencia marca un hito al reconocer que las autoridades deben ser responsables de garantizar la correcta aplicación de la normativa ambiental, en particular aquellas relacionadas con el ProAire 2016-2025, un programa estatal diseñado para mejorar la calidad del aire en Nuevo León.
¿Cómo se revertirá el efecto contaminante?
En este contexto, se le ordenó a la Asea supervisar una serie de medidas específicas que tienen como objetivo reducir las emisiones contaminantes de la refinería. Entre las medidas destacadas se encuentran la sustitución del combustóleo por gas combustible en calderas y calentadores, la instalación de quemadores de alta eficiencia, y la recuperación de al menos el 90% del azufre generado en los procesos de refinación.
Estas acciones están orientadas a reducir el impacto negativo de la refinería en el medio ambiente, especialmente en lo que respecta a la calidad del aire.
De igual forma, se hizo hincapié en el incumplimiento de las visitas de inspección realizadas por las autoridades federales, las cuales no han sido suficientes para garantizar que la refinería cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) ni con el programa ProAire.
Esta omisión ha permitido que la refinería siga operando de manera ilegal, sin tomar en cuenta los riesgos que representa para la salud pública y el medio ambiente.
Finalmente, se destacó la necesidad de que las autoridades federales realicen una supervisión efectiva y constante de las actividades de la Refinería de Cadereyta. Entre las medidas ordenadas se incluyen el monitoreo regular de la calidad del aire en la zona de influencia de la refinería y la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo en las calderas y plantas de azufre, con el objetivo de garantizar su óptimo funcionamiento y minimizar las emisiones contaminantes.
