El pasado viernes ya al filo del periodo vacacional de diciembre el Consejo del INE por seis votos contra cinco, decidió suspender los trabajos encaminados a la organización de la revocación de mandato prevista inicialmente para realizarse en abril, hasta que alguna autoridad externa vía decisión judicial, legislativa o el propio presidente, decida algo que les ayude a salir del callejón sin salida en el que se encuentran. Pararon la operación en campo para tener funcionarios de casilla lo que cuesta según informó Lorenzo Córdova, 573 Millones de pesos, la contratación de capacitadores y supervisores electorales (1212.3 MDP) y la impresión de la documentación electoral (1471 MDP).
En principio habrá que recordar que el ejercicio revocatorio nadie lo necesita y a nadie le ayuda en nada, es decir no estamos ante un tema de interés general que si lo realizamos resolverá alguno de nuestros múltiples problemas de salud, trabajo o dinero, nuestra vida democrática será mejor o le servirá en algo a nuestros hijos, no. Si se realiza no pasa nada y si no se realiza tampoco. De ese tamaño su trascendencia.
El realizar el numerito como está previsto en la ley cuesta lo mismo que una elección nacional, se deben instalar 160 000 casillas, debe haber funcionarios ciudadanos en las mimas, se necesitan mamparas, listas de electores, boletas a lo largo y ancho de todo el país y permitir la votación desde el extranjero. El INE ha dicho que así cuesta 3800 millones de pesos y que solamente tiene 1500. Lo cierto es que nadie de los que dicen que, si le alcanza, ha dicho de forma argumentada y responsable, ¿cómo? Es como si para la cena navideña quisiéramos darnos un festín con 200 pesos y alguien ya con copas de posada, diga si alcanza hombre, lo que pasa es que no quieres.
Después de haber participado en múltiples elecciones y ser testigo de su impecable organización y profesionalismo, no tendría por que no creerle al INE; sin embargo, no encuentro como podrá salir de este entuerto en el que está metido con su actual estrategia. No alcanzo a ver si la Suprema Corte o el TEPJF tienen facultades para autorizar al INE a actuar al margen de la ley, simplemente no encuentro el fundamento, en todo caso creo que la ruta era organizar el ejercicio como se pudiera y luego que justo la autoridad judicial avalara lo realizado por el INE y lo exonerara de cualquier responsabilidad, pero hacerlo antes significaría dar un permiso a la ilegalidad, lo que no veo posible; lo probable será que se le invite a cumplir con lo que dice la norma.
Una primera salida entonces es que se modifique la famosa ley por parte del legislativo y entonces se le ordene al INE hacer el ejercicio con lo que disponga, esto pudiera ser posible hasta que regrese el Congreso a sesionar en febrero, lo que desde luego mandaría el revocatorio hasta el siguiente año, o que se llevara a cabo el 5 de junio que tendremos elecciones en varios estados del país.
Una segunda posibilidad es que el presidente autorice una ampliación presupuestal al INE por 2,300 millones, que le permita organizarle su ratificatorio, sin embargo, esto sería reconocer que un dinero que se puede usar para la salud y educación de muchos se va a destinar para satisfacer el deseo de uno, se ve difícil.
No queda claro en donde terminará este nuevo choque entre la ley, la austeridad ciega y el deseo de palacio, por lo pronto habrá que preocuparnos en organizar nuestra cena navideña con lo que tenemos. A mis selectas lectoras y lectores les agradezco su tiempo y les deseo lo mejor, nos vemos en enero.
