Este lunes 20 de junio, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Rosa Icela Rodríguez, presentó el reporte mensual de seguridad, manifestando que se “trabaja con estrategia, con inteligencia, con acciones concretas para dar tiros de precisión a las organizaciones criminales”, así como que se está “en el camino correcto”.
Al respeto, debo decir dos cosas, la primera: que la seguridad pública es un derecho humano que tenemos todas las personas cuya obligación de respetarlo, promoverlo y garantizarlo, por mandato de nuestra Carta Magna, corresponde al Estado Mexicano de manera efectiva, por lo que, en la medida en que éste se proteja, podemos desarrollarnos en convivencia armónica dentro de la sociedad.
Y, la segunda: que la inseguridad no es ajena a ningún país del mundo, mucho menos al nuestro, puesto que en los casi 3 años y medio de la actual administración se reportan poco más de 120 mil muertes violentas, lo cual, no es un dato alentador, sobre todo si se considera que seis entidades se mantienen como las más violentas, pues concentran el 48% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.
Sin duda, de los retos actuales en materia de derechos humanos más importantes que tiene el estado Mexicano, ante las altas y las crecientes cifras de delincuencia, violencia e inseguridad generalizada, es la de proporcionar seguridad pública efectiva a los ciudadanos.
Se debe trabajar de manera importante y prioritaria, mediante políticas públicas y marcos normativos en la prevención (generando empleos y poder adquisitivo en la ciudadanía), en estrategias eficaces de investigación y castigo por los delitos cometidos y, en la educación de las presentes y de las nuevas generaciones en la cultura de la legalidad, solo así, se podrán revertir las cifras de referencia.
