De las más fuertes consecuencias que ha dejado en la población la pandemia por Covid-19, sin duda, ha sido en dos aspectos de la vida nacional, la primera, relacionada con la pobreza que ha generado crisis económica (la inflación sigue en aumento y los productos de primera necesidad cada vez cuestan más) y, la segunda con el incremento de los índices de inseguridad en muchos aspectos de la vida de nuestro país.
Una de las formas más considerables en la que la delincuencia se manifiesta en la sociedad día con día es, a través del fraude digital y la extorsión que, representan, en general, un daño al patrimonio y los bolsillos de las personas, representándose en tres modalidades esencialmente: el engaño telefónico; la amenaza telefónica y el cobro por derecho de piso.
Considero que mientras la inseguridad en nuestro país, no se erradique, seguirá siendo un pendiente y, desde luego, un gran reto, pues lo que se hace al respecto resulta insuficiente, lo hemos comentado en publicaciones anteriores, una de las formas para acabar con esta problemática de inseguridad, de violencia y crisis económica es a través de políticas públicas que incrementen el poder adquisitivo de las y los mexicanos y que en México se generen más empleos en la población y con salarios que realmente alcancen para cumplir con las necesidades más básicas.
Destacando que en el Congreso de la Unión hemos llevado a cabo diversas reformas a los marcos normativos y en el gobierno federal (S.H. y C.P y S.S.C.) se han puesto en marcha campañas enfocadas a la prevención de las diversas modalidades del fraude digital y extorsión, sin embargo, nos falta mucho camino por andar en este rubro, y seguiremos trabajando muy fuerte en regular aspectos legales y en castigos ejemplares a los delincuentes.