Nuestro país vive un momento complicado en materia de seguridad, no solo en delitos de alto impacto como lo son los homicidios y feminicidios. Actualmente existe un incremento importante en delitos de otra naturaleza que no solo reflejan la necesidad de la ciudadanía y la falta de oportunidades, sino también el menoscabo sistemático en la economía de los mexicanos por parte del crimen organizado.
Un buen punto de partida para resolver cualquier problema siempre es el reconocimiento. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido el fracaso de la operación de la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Fraude, ya que aun cuando se presume la identificación de más de 220,000 números telefónicos, las cifras de fraude y extorsión han ido al alza desde el 2020.
A lo largo del país, se ha podido notar que la extorsión es un crimen que afecta a ciudadanos de todo tipo de ocupación, desde padres de familia, estudiantes y amas de casa hasta pequeños y grandes empresarios.
De acuerdo con las cifras de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), la extorsión es el tercer delito más frecuente en las empresas mexicanas solo detrás del robo de mercancía y el robo de vehículos. La microempresa ha sido la división más afectada por dicho delito.
En términos económicos, este incremento en las extorsiones representa un alto costo para la economía de las familias mexicanas.
De acuerdo con las encuestas nacionales de Victimización y Percepción de Seguridad Pública elaboradas por el INEGI, en 2020, las pérdidas ocasionadas por este delito ascienden a más de 26,000 millones de pesos, siendo más del doble de lo registrado en 2018 por un aproximado de 12,000 millones de pesos.
Las autoridades mexicanas no han hecho lo suficiente para detener estas practicas criminales que resultan una gran barrera de entrada para el sector productivo del país. Al contrario, la actual estrategia en contra de las extorsiones parece haber consentido a la práctica que ha registrado un acelerado crecimiento.
Es momento de revisar la actual estrategia y realizar cambios radicales y efectivos que detengan las afectaciones sistemáticas que viven los mexicanos a través del fraude y la extorsión.