Definitivamente no por dos aspectos principales. Por un lado, la crisis económica que se avecina se pretende afrontar sin los instrumentos financieros, macro y microeconómicos, que les permita vivir con tranquilidad a las familias, de las cuales, las más pobres son las que recibirán un golpe mucho mayor cuando se den cuenta que lo que antes les alcanzaba para vivir de forma muy modesta, ahora no es suficiente ni siquiera para lo más indispensable.
Por otro lado, la reacción de las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos es inexistente, ya sea por la falta de personal o por la falta de capacidad de encontrar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos con todo el peso de la ley incluyendo, en dado caso, la deportación cuando estos sean extranjeros como se ha encontrado en este tipo de estafas.
De igual manera, es importante que la difusión de esta información se haga con la mayor cobertura posible, utilizando los recursos del Estado para, precisamente, transmitir información e implementar campañas informativas en beneficio de las y los mexicanos y no en promociones personales, ya que sólo a través de una concientización generalizada es que este tipo de circunstancias desagradables que, desde luego, son delictivas, podrán ser evitadas por la ciudadanía desesperada por obtener un ingreso.
Asimismo, es fundamental que la banca de desarrollo sea capaz de contar con instrumentos financieros como los había en otras épocas: con mínimas garantías para el préstamo, tasas de interés preferenciales y, sobre todo, accesibles para evitar que un crédito utilizado para solucionar un apuro se vuelva una catástrofe familiar.
Sin duda, hay muchas formas de apoyar y respaldar al pueblo de México para protegerlos de estos fraudes y, además, de sancionar a los responsables, pero para ello hacen falta estrategias claras, visiones puntuales y compromiso gubernamental para que se proteja a quienes menos tienen con la pura herramienta de la aplicación de la ley.