Como consecuencia de una profunda y compleja relación comercial entre tres países que conforman una de las economías más dinámicas y poderosas del mundo, resulta natural que siempre haya diferencias entre quienes forman parte de ese pacto.
Por ello, es que el propio tratado entre México, Estados Unidos y Canadá prevé mecanismos para resolver las controversias.
En ese contexto se inscribe el tema energético que hoy se discute y por el cual los gobiernos han llamado a consultas que deberán desahogarse en las siguientes semanas. México ha sido muy firme, desde un principio, en que nuestra política energética no forma parte del tratado y por tanto ahora es necesario aclararlo nuevamente.
De hecho, desde el diseño original del T-MEC, a instancias del entonces presidente electo López Obrador, se incluyó en el capítulo 8 del mismo: Artículo 8.1: reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos.
1. Según lo dispone este Tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este Capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos.
2. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna y en cualquier tratado, más en uno que regula las relaciones comerciales como es el T-MEC, es fundamental que cada país conserve su capacidad de decisión.
Sin duda, los inversionistas y todos los participantes deben tener certeza jurídica, pero ello no puede implicar que se ponga en riesgo la soberanía nacional.
En ese sentido, el presidente de la República ha sido contundente al afirmar que su gobierno actúa y lo seguirá haciendo conforme a la ley.
Tampoco hay que temer a los procedimientos establecidos en el mismo acuerdo para la resolución de controversias. Para México es positivo entrar a estos mecanismos con reglas claras, sin estar en desventaja por el tamaño o potencial económico de nuestro país, sino con las mismas reglas para todos.
A través del diálogo todos esos asuntos podrán dirimirse y los especialistas, así como los funcionarios que participen en las consultas, lo harán anteponiendo la soberanía y con absoluto patriotismo.
Pero ello no puede significar que se vulnere el Estado de derecho para beneficiar a empresas extranjeras a costas de las instituciones mexicanas.
Lo que puede resultar eventualmente preocupante es que haya agentes externos que busquen hacerse de una actividad estratégica como es la energética, por encima del interés nacional.
Con seguridad, esas personas del más alto nivel técnico y político podrán despejar las dudas y México hará valer ante las otras naciones y empresarios la razón y la correcta interpretación del tratado comercial.
