De conformidad con el Acuerdo emitido por el Consejo de Seguridad Nacional, se advierte la declaratoria de la construcción del “Tren Maya” como de “seguridad nacional”, puesto que dicha obra implica vías férreas, es prioritaria, estratégica y de interés general, dado que generará desarrollo económico y traerá beneficios a las y los mexicanos.
Pongo de manifiesto que un elemento fundamental de los actos administrativos, como el que nos ocupa, es su presunción de legalidad, hasta que no se demuestre lo contrario, por lo que, en principio, dicha declaratoria es legal y desde mi punto de vista existen fundamentos, motivos y razones suficientes para considerarlo así.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “su construcción, se lleva a cabo en el marco de la ley”, así como que “lo que se está haciendo es darle continuidad a una obra pública importantísima”.
En este sentido, considero que, al ser una de las obras más importantes que prometió el mandatario mexicano llevar a cabo en su administración, es legítimo que recurra a todas las formas “legales” existentes para lograr terminarla.
Corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que se interpongan los recursos correspondientes, determinar si la declaratoria que nos ocupa se apega o no a la Constitución Federal y, consecuentemente, dicha decisión determinará la legalidad del referido acuerdo.
No omito mencionar, que en los propios juicios de amparo en los que se ha concedido la suspensión definitiva para el efecto de que no se continúen los trabajos de construcción en algunos tramos de la obra, se podrá promover, por una parte, la violación a la suspensión y, por otra parte, la modificación a dicha medida cautelar por hecho superveniente, y los juzgadores de amparo determinarán su procedencia en ambos medios de defensa.