En los últimos días, la discusión se ha centrado en la posible adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, para de esta manera, convertirla en una corporación completamente militar.
Esta decisión iría completamente en contra no solo de los acuerdos construidos y votados en 2019 sino también de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sería esta una gravísima decisión a la luz del Estado de Derecho mexicano y un terrible precedente para la historia de nuestro país.
El artículo 129 de nuestra constitución establece que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Siendo así de claro el precepto constitucional, es cierto que en sexenios anteriores se han autorizado estrategias de seguridad que involucran a la milicia para tareas de seguridad pública. Pero éstas no han mas que claramente fracasado al incrementar la violencia y violar los derechos humanos en perjuicio de los civiles.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Guardia Nacional, teniendo un supuesto mando civil, ha acumulado hasta la fecha 35 quejas por violaciones a los derechos humanos. Cifra que se incrementa progresivamente año con año, pasando de dos en 2019, el año de su creación, a 15 en 2021 y 5 en lo que va de 2022. La militarización de la corporación incrementaría significativamente estas violaciones y según especialistas no disminuiría la violencia que actualmente vive nuestro país.
Institucionalmente hablando, la actitud del presidente de la república de tomar esta decisión mediante mandato presidencial y sin tomar en cuenta los procesos legislativos y los precedentes judiciales, muestra una gran falta de respeto hacia nuestra constitución y a las leyes que de ella emanan. Lo que podría incluso interpretarse en contra de lo establecido en el 128 constitucional por incumplir lo establecido en nuestra Carta Magna.
Resulta inadecuado y peligroso no solo el presunto contenido del decreto a presentarse sino también el manejo que se le está dando al tema. Es verdad que vivimos tiempos cada vez más complicados y que nuestro territorio esta siendo víctima de ataques simultáneos del crimen organizado en todas las latitudes, pero la militarización no es la respuesta para terminar con la violencia en nuestro país.
Reconocemos en todos los niveles que existe un grave problema que hay que resolver con urgencia, pero nunca será tarde para revisar la estrategia de seguridad a la luz de la prudencia y el conocimiento para el beneficio de la ciudadanía.