El informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa arrojó que durante la investigación fueron encontrados más de mil restos, y fueron identificados 3 estudiantes a través de los restos óseos.
Gracias a la ruptura del silencio se ha logrado recopilar información de más de 115 personas (sin violar algún derecho humano). Veintiséis (26) personas con información clave fueron ejecutadas a lo largo del esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa (14 de Guerreros Unidos, 3 Familiares de Guerreros Unidos, 2 Integrantes de Gente Nueva y 7 testigos o involucrados entre ellos, activistas, funcionarios, y policías.
Hubo una reunión el 16 y 17 de febrero de 2022 con Tomás Zerón en Israel, donde se le ofreció el Criterio de Oportunidad establecido en la Ley, mismo que no aceptó.
La Sedena tenía infiltrado en la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa al soldado Julio Cesar López Patolzin, el cual informaba sobre las asambleas de la Normal Rural y las movilizaciones de los normalistas.
El último informe del soldado Julio Cesar fue a las 10 am. del 27 de Septiembre; el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería quien era el mando encargado del soldado López Patolzin no implementó el “Protocolo para militares desaparecidos”.
Si el teniente Barbosa hubiera implementado dicho protocolo posiblemente se habría prevenido la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En el informe rendido el jueves pasado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas se especifica que los 3 niveles de gobierno tenían conocimiento de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada a Rancho del Cura y la caseta de Iguala, de la llegada a la central de autobuses, y de los hechos de persecución, violencia y desaparición de los estudiantes.
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Esto acredita responsabilidades por acción, omisión en las actuaciones gubernamentales, y se ha demostrado toda la red de vínculos que se estableció entre el grupo delictivo y autoridades de distintos órdenes de gobierno.
Muestra, con toda claridad, cómo fueron operando en todo el proceso de persecución, captura y desaparición de los muchachos, dato que se les ha dado a los padres.
La creación de la “verdad histórica” fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel de gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Esta versión derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda además de que generó vicios y deficiencias, y se configuraron al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzosa donde concurren: privación de la libertad, homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales o grupo de personas que actuaron con el apoyo y consentimiento del Estado, y la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades que llevaron a cabo la construcción de esta falsa verdad.
Existió tortura de al menos 77 personas por parte de Funcionarios Públicos de los 3 niveles de gobierno.
Por lo tanto entre las conclusiones preliminares está el que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, y agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano.
Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar los hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
Hoy sabemos que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
Hoy, a un mes de cumplirse ocho años de la noche de Iguala, el exprocurador Murillo Karam enfrenta cargos de desaparición forzada y tortura, e irá a juicio por los hechos ocurridos en Ayotzinapa. Además de Karam, el juez segundo de procesos penales federales en el estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de captura, entre ellas 20 contra mandos militares y personal de tropa de los 27 y 41 batallones de la ciudad de Iguala, relacionados con el caso Ayotzinapa.
La aprensión de Murillo Karam, se dio un día después del informe sobre los alumnos desaparecidos y se trata de la primera vez que un gobierno federal dijo a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos que no hay razones para pensar que sus hijos estén vivos.
Las aportaciones son contundentes, sobretodo porque como dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “conocer la verdad fortalece a instituciones como al Ejército; y la actuación de malos servidores públicos no significa el mal comportamiento de una institución”.
El gobierno de la 4T ha permitido que se conozca la verdad y se castigue a todos los responsables, y de ninguna manera se da el caso por cerrado en la administración de AMLO que no claudicará hasta que se esclarezca el paradero de los normalistas, reclamo central de las familias de las víctimas y del pueblo de México.