El próximo año 2023, se llevarán cabo elecciones en el Coahuila y en el Estado de México, para elegir gobernadores, y 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional al Congreso Local de la primera entidad federativa, para lo cual, se prevé un gasto de casi mil millones de pesos.
El propio INE, por conducto de la Consejera Carla Humphrey destacó que los Procesos Electorales Locales 2022-2023, en comparación con los de este año, tendrán “un mayor Listado Nominal de Electores, por lo tanto, más casillas y más documentación electoral”, lo que implica un mayor presupuesto.
En este sentido, es de vital importancia que el Instituto Nacional Electoral en su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2023, el cual deberá aprobar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Con el fin de desarrollar de manera autónoma e independiente las cantidades de dinero que le son necesarias para poder llevar a cabo en sus términos el proceso electoral de dicho año en las entidades federativas referidas, respetando y tomando en cuenta, desde luego, el principio de austeridad.
Tenemos un ejemplo de que si se pueden realizar jornadas electorales con racionalidad de recursos y transparencia, como el proceso de revocación de mandato del presidente de la república del pasado mes de abril del año en curso.
Destaco que lo anterior, a mi juicio, no implica que se recorte el presupuesto para el INE en el rubro del proceso electoral que se avecina, sino que los recursos económicos que se otorguen deben ser racionalizados con la finalidad de gastar exactamente lo que se necesite para estos efectos, nada de más, recordando que las y los mexicanos vivimos tiempos difíciles en materia económica y dificultad en satisfacer las necesidades más básicas.
