En México, ejercer la profesión del periodismo es una tarea sumamente peligrosa, como lo es en la autocracia de la 4T.
Se asesinan a periodistas al orden de casi 2 por mes en todo el territorio nacional. Hasta el momento todos estos crímenes están en la total impunidad, la gran mayoría de ellos ligados al narcotráfico o al poder político. Aún no se ha esclarecido uno solo, lo mismo en Culiacán que en Oaxaca, Veracruz o Tijuana, Ciudad Juárez, Chilpancingo o San Luis Río Colorado.
Tal y como lo manifestó expresamente la Declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza, sobre los asesinatos de los periodistas Juan Arjón López y Fredid Román Román, el pasado 24 de agosto: un sistema democrático no puede consolidarse sin la libertad de prensa, sin un sistema de justicia independiente y sin acceso a los medios de expresión.
Hay muchos elementos a considerar, pero es de capital importancia que el discurso presidencial nada aporta a esta causa, sino todo lo contrario: provoca animadversión hacia los periodistas.
Las conferencias “mañaneras”, que al igual que todos los espacios públicos deberían de utilizarse según la Constitución para tratar temas educativos o de interés y social, sólo sirven para avivar el fuego que carcome al periodismo y a los periodistas.
Se hacen listas con nombres e, incluso, domicilios de personas que no le agradan a la 4T, poniendo en peligro su integridad y las de sus familias. Se les llama “chayoteros”, mentirosos, falsos y hasta se pide que se les investigue el origen de sus recursos como si fueran empleados del gobierno o trabajaran con dinero público.
Pero bueno, esto que hace el régimen de la 4T no es original, sino que es hasta común en países liderados por autócratas populistas, como Venezuela o Cuba, donde quieren tener el control absoluto de la información, porque, a final de cuentas, la información es poder.
Por su parte, la organización internacional de Incidencia a favor de los derechos humanos en Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés) ha condenado recientes detenciones de periodistas, cierres de radiodifusoras y ataques a la prensa independiente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Esos países, al igual que México, tienen regímenes autoritarios que “no cumplen con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como garantizar la independencia judicial, respetar el derecho a la libertad de prensa y abstenerse de interferir en el goce de estas”.
En las redes, cuando un periodista, en su columna o reportaje, dice o informa acerca de algo lo cual no gusta al presidente o al grupo en el poder, es prácticamente linchado e, incluso, amenazado y, para acabar pronto, es aberrante que normalicemos el “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”. Como si la voz del mesías y su equipo fuera la verdad absoluta y divina.
Esto se empezó a observar en un crecimiento sostenido desde finales de 2018 a la fecha. Pero, sobre todo, es el periodismo de investigación profunda el que ha sufrido los peores embates orquestados desde el gobierno, tales como los reportajes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esto podría ser, tal y como lo menciona Carlos Bravo Regidor en su columna de este 24 de agosto, El fin de una era periodística.
Este incremento de ataques es observado con precisión desde hace cuatro años y es casualmente coincidente con el discurso antiperiodistas o anti autonomía de los periodistas. Los periodistas “a modo” para el régimen gozan de cabal aceptación e, incluso, hasta defensa de parte del usuario normal del púlpito presidencial.
El ser opositor no significa necesariamente que se tiene que disentir en todo lo que haga este gobierno. Todas y todos queremos que le vaya bien a México, pero para eso se requiere de un buen periodismo y del fomento a la cultura democrática, de la legalidad, de la transparencia y la rendición de cuentas.
El crimen que está cometiendo la actual administración al no prestarle atención al tema, porque no le conviene, no tiene precedentes. Y no lo dice nada más un servidor, sino organismos internacionales, como Reporteros sin Fronteras (RSF), que han sostenido que este gobierno no ha hecho nada para frenar la espiral de violencia contra la prensa. Para esa organización internacional, México es el país (sin guerra) más peligroso para ejercer el periodismo.
Desgraciadamente, México es por cuarto año consecutivo el peor país para ejercer el periodismo. Con 14 periodistas asesinados en 8 meses, las cifras constatan los argumentos anteriores, además de que, desde diciembre de 2018, RSF ha censado al menos 36 asesinatos de periodistas y dos desapariciones.
Y esta tendencia alcista embona también con la creciente percepción de inseguridad: según la reciente encuesta de El Economista, ya el 49.3% de los mexicanos percibe el incremento de violencia.
Ojalá tengan presentes los cuatroteístas que el periodismo no desaparecerá, no va morir y que, gracias a personas conscientes y a la protección de los verdaderos defensores de los derechos humanos, saldrá fortalecido. En cambio, ellos bajarán del pedestal. El pueblo cada vez abre más los ojos respecto a las atrocidades que “ya saben quiénes” permiten en silencio.
