Hace tres años, con una votación unánime aprobamos la creación de la Guardia Nacional, en un ejercicio legislativo en donde todos los grupos parlamentarios cedimos para lograr un consenso en búsqueda de la seguridad de los mexicanos.
Hoy, ese acuerdo celebrado en 2019 ha desaparecido por un capricho presidencial y el estrecho lazo que actualmente existe entre la seguridad pública y la disciplina militar está más fuerte que nunca, poniendo así en riesgo a los mexicanos y materializando cada vez más una guerra en nuestro territorio.
La semana pasada recibimos en el Senado de la República una minuta por la que se buscaba reformar diversas disposiciones en materia de seguridad pública para que la Guardia Nacional -encargada de la seguridad pública en nuestro país- pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, que los cuerpos de seguridad pública civil y la milicia compartieran administración y operación.
Esta reforma, aun cuando tuvo los votos mayoritarios de la mayoría y sus partidos satélites, es a todas luces inconstitucionales al contravenir el artículo 129 de nuestra Carta Magna. Por lo que -como ha sucedido durante toda esta administración-, se habrán de activar procedimientos judiciales para la revisión constitucional de esta reforma que seguramente será desechada por el más alto tribunal de nuestro país.
Es una realidad que aquel acuerdo de 2019 no se ha cumplido hasta la fecha, y que esta reforma solo oficializa el mal manejo que se le ha dado a este cuerpo policiaco que ha fracasado en la búsqueda de garantizar la paz para los mexicanos.
Nunca se concretó en los últimos tres años el trato civil que se había acordado para la Guardia Nacional y la relación con la Secretaría de la Defensa Nacional era cada vez más evidente. Lo que nos revela que los militares están cada vez más lejos de regresar a los cuarteles, contrario al histórico compromiso del excandidato ahora presidente.
Hoy, el oficialismo celebra la aprobación de esta reforma por el simple hecho de haber superado el trámite legislativo. Sin embargo, de esta decisión podemos esperar poco. Será hasta que tenga el turno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esta reforma perdure en el marco legal mexicano.
Por otro lado, a través de la propuesta presentada, difícilmente podríamos regresarles la paz a nuestros ciudadanos y se vislumbran más riesgos que beneficios al involucrar a la disciplina militar en nuestra seguridad pública.
