La principal tarea del Estado moderno es garantizar la seguridad de los ciudadanos, justo la tesis del contrato social que desarrolla Rousseau desde la época de la Revolución Francesa de 1789 expone que el hombre cede parte de su libertad natural al estado a cambio precisamente de que este le otorgue seguridad personal, familiar y patrimonial, que le permita desarrollar su trabajo y procurar su bienestar y el de su familia en paz y con respeto a su libertad.
Justamente ahora en una buena parte del territorio nacional no se percibe que esta seguridad exista, de hecho, lo que se nota es una mayor presencia de la delincuencia, a través de cobro de derechos de piso, en el campo y en las ciudades, tráfico de personas con apoyo de redes binacionales, fraudes y extorsiones mediante el uso de la tecnología y las redes sociales y muchos crímenes más. La inseguridad reina y el ciudadano se encuentra a su merced; el gobierno abandona las plazas.
Hoy que se discute en el Senado la polémica iniciativa para que se pueda usar la fuerza del ejército en las calles hasta 2028 y no como dice la constitución hasta 2024, es justo preguntarnos si este es el debate que se necesita o aquel en que se reconozca que en estos tres años en que se ha considerado esta presencia los resultados han sido mínimos o inexistentes.
“Durante los cinco años siguientes, en tanto la G.N. desarrolla su estructura y capacidades el presidente podrá disponer de las fuerzas armadas, de forma extraordinaria, subordinada y complementaria” dice el artículo transitorio que se pretende reformar.
En los hechos se reconoce el fracaso de la estrategia primero con el paso de la Guardia al control administrativo y operativo de la SEDENA, lo que es contrario a lo señalado en el artículo 21 constitucional que ordena que el mando de la fuerza pública sea civil y segundo con la propuesta de alargar otros 4 años esta facultad del presidente, lo que ya sería innecesario si se considera que la Guardia Nacional será una parte de las fuerzas armadas.
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El que no pase la iniciativa del alargue del uso de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública el día de hoy en el Senado es un mensaje importante de la oposición en el sentido de que no se aprobarán caprichos, pero lo trascendente será abrir un debate nacional respecto al tema de la seguridad pública y si es necesario el ejército en las calles, será importante regular cómo es que se considerarán las situaciones extraordinarias, como se va a fiscalizar y como estará subordinada su labor de apoyo.
En su momento la Suprema Corte tendrá que intervenir y pronunciarse respecto a la constitucionalidad del mando de SEDENA sobre la G.N. y esta será la oportunidad de abrir el debate más allá de la propaganda política.
Finalmente en materia de seguridad pública ninguna estrategia debiera descartarse, incluso la del uso de las fuerzas armadas, lo que hay que garantizar es que siga siendo como hasta ahora un ejército democrático, que respeta a las instituciones y a la constitución.