México está en llamas en todos los ámbitos y desde cualquier perspectiva, no nos salvamos ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo jurídico, ni en lo social, mucho menos en materia de seguridad. Definitivamente la estrategia (si es que puede llamársele de esta forma) abanderada con “abrazos no balazos” nos está llevando a una terrible decadencia nacional.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana publicada en su informe de agosto de 2022, hubo 126 mil 206 asesinatos. El incremento de los feminicidios es alarmante pasando de 57 en el mes de julio a 67 en el mes de agosto, lo que se resume en 3 mil 682 muertes por razón de género.
Las muertes violentas en nuestro país suman 129 mil 888 entre homicidios dolosos y feminicidios. Definitivamente estamos siendo testigos de una de las peores épocas para el país.
Ante la ineficaz estrategia en materia de seguridad pública, López Obrador quiere engañar a los mexicanos intentando hacernos creer que con el ejército en las calles prevalecerá la seguridad y los índices de violencia disminuirán.
Esto es totalmente falso pues el Ejército Mexicano no es incorruptible, además, el hecho de que militares se ocupen de la seguridad pública resulta alarmante ya que por su formación no cuentan con la capacidad ni herramientas para tratar con civiles. Debemos recordar y tener muy clara la gran cantidad de casos de tortura y desapariciones forzadas en los que se ha visto involucrado el Ejército Mexicano.
Sin duda, la militarización de la seguridad pública no es la solución. Sin embargo, el inquilino de palacio siempre necio no escucha razones ni entiende argumentos, descalifica a cualquiera que no esté alineado con su forma de pensar o de actuar. Evidentemente lo único que le interesa es empoderar más al Ejército Méxicano sin importar las consecuencias insubsanables que esto pueda traer en un futuro cercano.
Desde la oposición seguiremos alzando la voz tal y como se demostró en la Cámara de Diputados y después en el Senado logrando ahí que la iniciativa presentada por el PRI para ampliar hasta el 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública fuera devuelta a comisiones ya que no se contó con la mayoría calificada que se requiere para avalar esta reforma constitucional.
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Esto aun no termina pues el próximo 5 de octubre se cumple el plazo para que el dictamen vuelva a plantearse ante el pleno del Senado. En este sentido, ante la desesperación del partido en el poder por obtener votos para lograr la mayoría calificada, es un hecho que aumentarán las intimidaciones, la coacción y el intento de compra de legisladores para someterlos.
Estas acciones por parte del partido en el poder debilitan la autonomía del Poder Legislativo y representan un golpe a la democracia. Los actos de intimidación les recuerdo que son un delito. Al tiempo…