A unos días de que se discuta una nueva reforma electoral, vale la pena mencionar que la iniciativa presentada por el presidente que busca cambiar la forma en la que se eligen a los consejeros del INE y reducir el dinero que se le da a los partidos políticos, poco tiene que ver con los nuevos desafíos que se están presentando en las elecciones actualmente y que se refieren a la violencia política en razón de género y a la presencia e influencia del crimen organizado en las elecciones estatales.
Los problemas de fraude y trampas que existían antes de la creación del IFE y que podemos ver a través de las series como la de Narcos México o Extraño Enemigo como; el que voten los muertos, que se pueda sufragar dos veces, el robo de urnas o el conteo amañado de votos, han sido prácticamente desterrados, ahora las violaciones a la ley y a la equidad en la contienda son otras.
La violencia política en razón de genero no es que no existiera, sino que a partir de una mayor presencia de candidatas mujeres se han incrementado las acciones en su contra, el problema radica en que se les ataque por el hecho de ser mujeres y no por su trayectoria o por sus propuestas de campaña, ha dicho la Magistrada electoral Mónica Soto.
Para identificar cuando se está en presencia de actos de violencia se debe determinar que estos tengan por objeto anular o menoscabar el goce o ejercicio de un derecho político electoral de la mujer; es decir ser electa o ejercer el cargo público y además se base en elementos de género, es decir que se dirija el ataque a la mujer, por el hecho de ser mujer.
Ya hubo casos de nulidad de la elección por violencia política en donde se determinó que por expresiones de violencia y discriminatorias se afectó la votación hacia una candidata y por lo tanto a la elección en general.
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En cuanto a la presencia del crimen organizado en las elecciones estatales es importante ver la resolución del caso de Tamaulipas, en donde el Tribunal Electoral determinó que las pruebas de videos, notas y publicaciones periodísticas que se presentaron en la demanda para anular la elección no tenían el alcance probatorio para acreditar el apoyo de un grupo de la delincuencia organizada para el candidato o para presionar el voto de la ciudadanía a su favor; lo que se probó es que hubo declaraciones de simpatía de personas supuestamente ligadas al grupo delincuencial pero que estas no acreditaban un apoyo con recursos o acciones que afectaran la votación emitida.
En la discusión correspondiente si quedó claro que el tema es preocupante y va siendo recurrente, por lo que es necesario que el INE y la fiscalía especializada aporten elementos de investigación durante las campañas y antes de la dictaminación final de la elección que permitan en su momento revisar si hubo la intervención indebida de grupos delincuenciales a favor o en contra de algún candidato, ya sea mediante apoyo con recursos, con amenazas o crímenes o en su caso presionando el voto ciudadano. El tema será un desafío importante para 2024, tener gobiernos comprometidos con el crimen organizado sería peor que los viejos fraudes del siglo pasado.