Claro que sí y no sólo por los alcances que tiene para hackeos a instituciones públicas sino porque, socialmente hablando, es un problema que está inserto en la vida diaria de las personas sin que haya una investigación profesional y, sobre todo, sanciones a los responsables porque, por un lado, no existen tipos penales sólidos que regulen esa materia y, por el otro lado, las herramientas del Estado para la investigación y persecución de conductas que vulneran la tranquilidad de las personas.
Lo que sucedió con la intromisión a archivos digitales de instancias públicas nos debe preocupar porque, de inicio, el gobierno debe tener todas las herramientas tecnológicas a su alcance para poder proteger datos que, de conocerse, pueden comprometer la seguridad nacional, las finanzas públicas o la estabilidad social. Es decir, debe tener un entramado serio, sólido y profesional de prevención de ciber delitos.
Por el otro lado, a últimas fechas se han conocido de miles, si no es que cientos de miles, de hechos que podrían constituir delitos de fraude o extorsión que se hacen a través de medios digitales, los cuales se tratan exclusivamente con recomendaciones de las autoridades involucradas, sin que exista un protocolo de investigación de las conductas hasta dar con los responsables.
Desde supuestas llamadas de instituciones financieras, hasta suplantación de identidad para solicitar recursos económicos, la ciudadanía está perdiendo la paz y sus ahorros porque poco o nada se ha hecho en la materia.
A diferencia de otros países, México no cuenta con áreas especializadas en todos los cuerpos policiales para perseguir y castigar el cibercrimen. Si bien contamos con policías cibernéticas a nivel federal y local, estas se encuentran atadas de manos por el simple hecho de que su especialidad técnica y sus herramientas no alcanzan más que a hacer recomendaciones para evitar caer en las manos de delincuentes.
En un mundo globalizado donde las redes sociales han alcanzado niveles extraordinarios, requerimos urgentemente de un esquema legal y operativo que proteja al pueblo de México de delincuentes que se esconden en el anonimato. Es por ello que debemos desarrollar tecnología y penas ejemplares que inhiban estas conductas lesivas.