En 1907 el periodista norteamericano James J. Creelman le preguntó a Porfirio Diaz si México estaba listo para la democracia, a lo que el dictador le respondió que no, que el pueblo no había alcanzado todavía el suficiente desarrollo; esta frase celebre quedó enmarcada como una de las máximas del porfiriato que en sus 30 años de “paz forzada” nunca promovió elecciones libres ni auténticas; de ahí que las principales banderas de la lucha revolucionaria fueron precisamente dos postulados democráticos “sufragio efectivo, no reelección”.
Durante la época de los 70 años del PRI como partido hegemónico, igualmente se pensaba que México no estaba todavía listo para la democracia de ahí que los gobiernos se sucedían uno al otro con elecciones simuladas, que legitimaban el dedazo del gran elector presidencial quien en un acto de amor a México señalaba a quien a su entender era lo mejor para gobernar al pueblo.
Lo que le generaba además gozar de un cobijo importante de impunidad. Se decía “el pueblo podría llegar a decidir algo incluso que fuera en su contra, además que no le interesa”.
Justo el mantra de la discapacidad del pueblo para ejercer la democracia se fue diluyendo a partir de 1988 en que el sistema electoral hizo crisis y empezó a ser necesario para aparentar ante el mundo que éramos un país civilizado que vivía en democracia, fundar uno nuevo, independizarlo del gobierno y partido mayoritario.
Lograr que las elecciones empezaran a ser un verdadero mecanismo de poder del pueblo, quitando y poniendo partidos y gobernantes.
Se imaginó el nacimiento de una autoridad que fuera de los ciudadanos y que estos, con el apoyo de especialistas en la organización electoral encabezaran las mesas de casillas, recibieran los votos de los vecinos, vigilaran que solamente votaran los que están en el padrón electoral y que lo hicieran solo una vez, así mismo fueran estos ciudadanos los que contaran los votos y dieran cuenta de los resultados; así empezó el IFE a partir de 1990, una institución ciudadana.
Al paso del tiempo se promovió que el profesionalismo y la imparcialidad que había ya alcanzado la autoridad electoral en 2012 se llevara a las entidades del país y así nace en 2014 el INE, un instituto similar al IFE pero con atribuciones de intervenir en las elecciones estatales, el resultado ha sido positivo y hoy la institución electoral tiene una aprobación de más del 65% y un reconocimiento sólido a nivel internacional.
La propuesta del gobierno ahora es cambiar al INE, quitarlo, mutilarlo o asfixiarlo, con el único ánimo en el fondo de controlarlo desde dentro, como ya se hizo con la CNDH y se pretende hacer con otros autónomos; en el fondo la idea que inspira la propuesta es la misma creencia porfirista de que México no está listo para la democracia y que si se deja al pueblo que elija libremente podría elegir incluso en su contra, como sería que votaran por los conservadores en 2024.
La voluntad popular puede servir para elegir a los consejeros paro ya no para elegir a diputados a los senadores o al propio presidente. La destrucción del INE no puede permitirse ya que el perder el poder ciudadano de elegir, es empezar a perder nuestra libertad y nuestra voz. Demostremos que México si está listo para la democracia, defendamos al INE.
