De las noticias más importantes de la semana pasada a nivel Latinoamérica, fue la destitución, por parte del Congreso, de Pedro Castillo como presidente de la República del Perú y su detención judicial.
Al respecto, el presidente de nuestro país, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se pronunció, lamentando la detención de su homólogo y culpó a los intereses de las élites económicas y políticas de generar un ambiente de “confrontación y hostilidad” contra el ahora exmandatario de ese país.
En este sentido, si bien es cierto que los principios que rigen en materia de derecho internacional de “autodeterminación de los pueblos” que significa, que cada Estado decide sus propias formas de gobierno, y el de no intervención que establece la obligación de los Estados de abstenerse a intervenir en los asuntos internos de otro con la intención de afectar su voluntad.
También es verdad que, a mi consideración, el gobierno de México no los trastoca con los señalamientos vertidos, tanto por el presidente de la república, como por el Secretario de Relaciones Exteriores.
Lo anterior, dado que, de acuerdo con la constitución mexicana, y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos que rige a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconocen expresamente el derecho de libre manifestación de ideas y de opinión; de ahí que, en ejercicio de este derecho las manifestaciones vertidas en apoyo de Pedro Castillo, deben ser respetadas, con independencia de si se está de acuerdo o no con éstas.
Finalmente, debo destacar que existen diversos tratados internacionales en materia de asilo político firmados por México, por lo que, en observancia de éstos y de la solicitud del exmandatario peruano, se han iniciado las consultas ante las autoridades competentes para realizar los trámites de asilo para Pedro Castillo.
