La Constitución Federal establece las bases sobre las cuales se desarrollan los procesos electorales en México, particularmente prevé que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.
Existen opiniones en el sentido de que algunos de los aspirantes presidenciales han estado llevando a cabo actos para promocionarse en sus aspiraciones a obtener la candidatura presidencial, haciéndose valer de los cargos que actualmente ocupan y utilizando recursos públicos.
Es muy importante que las y los aspirantes a cualquier cargo de elección popular en México, particularmente a la presidencia de la república, sigan estrictamente con los principios constitucionales y la normatividad reglamentaria y secundaria que existe en materia electoral.
Pues la finalidad de contar con reglas claras es, precisamente, que los procesos electorales se lleven a cabo respetando el principio de imparcialidad, igualdad y equidad entre los contendientes; que se ejerza de manera responsable el derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.
Así como que los partidos políticos y los candidatos en ningún momento puedan contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, y que con ello, influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra.
Quiero puntualizar que, de acuerdo con nuestra Carta Magna, el INE es el encargado de vigilar este tipo de actos denunciados y el Tribunal Electoral del PJF es la máxima autoridad jurisdiccional y especializada, quienes en el ámbito de sus competencias, son los encargados de investigar si los aspirantes presidenciales.
Con las acciones llevadas a cabo, son responsables de transgredir las leyes electorales y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan; tan es así que a la fecha ya existen sanciones en ese sentido.
