El 1 de enero pasado y después de triunfar en las urnas ante Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva tomó posesión como presidente de Brasil. Ese día inició su tercer mandato, en una situación económica global todavía en recuperación por los efectos de la pandemia de COVID-19, una inflación creciente y un conflicto que no cesa en Ucrania.
En tanto, hace 12 años, la producción nacional del país sudamericano estaba en crecimiento por el impulso de las materias primas, Brasil había salido del mapa global del hambre, y Lula, entonces mandatario saliente, tenía un índice de aprobación del 83 por ciento.
La jornada dominical inició con un desfile del nuevo mandatario, acompañado de su vicepresidente Geraldo Alckmin —hombre tradicional de derecha—, hacia el Congreso Nacional, donde Lula dio un primer mensaje.
Después, en el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, se llevó a cabo una ceremonia sin la presencia de Jair Bolsonaro, quien viajó días antes a Estados Unidos. Un grupo de seis personas de la sociedad civil dio la bienvenida al nuevo presidente. Más de 60 representantes del extranjero y 17 jefes de Estado asistieron a la toma de posesión.
En los discursos se identifican las prioridades del nuevo Gobierno: reactivar la economía, combatir el hambre y la pobreza, defender la justicia social y reincorporar a Brasil en la comunidad internacional.
El presidente apeló a la unidad e insistió en que gobernará para todas y todos sus compatriotas; asimismo, que dará atención especial a quienes menos tienen y que la victoria es producto de una amplia coalición.
Añadió que la democracia fue la gran vencedora de esta elección, y se refirió a las malas condiciones en que recibe el país, pero aseguró que su mandato será de “esperanza y reconstrucción”.
El líder histórico brasileño también prometió respetar los derechos humanos y las libertades, así como alentar la inversión en ciencia, cultura, salud y medio ambiente. Aclaró que no busca venganza y que se garantizará el Estado de derecho.
Además, defendió una economía equilibrada, con más inversiones, y afirmó que Brasil puede “estar a la vanguardia de la economía global”; que se convertirá en una “potencia ambiental”, y que terminará la deforestación en la Amazonía.
En política exterior se pronunció en favor de la integración sudamericana y de establecer un diálogo activo con Estados Unidos, la Unión Europea, China, los países del este de Europa y otros actores globales.
Entre sus primeras medidas, Lula anunció la ampliación del programa de ayuda mensual Bolsa Familia, la restricción de la venta de armas, acciones para terminar con la deforestación y terminar con el secreto impuesto por Bolsonaro sobre asuntos oficiales.
Anticipó también que se creará el Ministerio de los Pueblos Indígenas y que se refundarán los de Cultura y de la Mujer; ordenó la derogación de los procesos de privatización de ocho empresas estatales —entre ellas, Petrobras—, y reveló que se prorrogará la exención de combustibles por 60 días.
Entre los retos más importantes que Lula enfrenta en su nuevo mandato está una oposición difícil; la fuerza de la derecha radical protestó los resultados de las elecciones con diferentes métodos, incluso violentos. El Partido Liberal de Bolsonaro tendrá la bancada más numerosa en el nuevo Congreso, que será de mayoría conservadora.
Otro enorme desafío será reducir el hambre de 33 millones de habitantes, que representan un 15.5 por ciento de la población. Además, 62.5 millones de personas están en condiciones de pobreza, el mayor número registrado en la última década. La justicia social dependerá de la disposición de recursos públicos, y para ello se anunció una reforma fiscal.
La toma de posesión de Lula es parte de un panorama inédito en América Latina, cuyas principales economías están lideradas por la izquierda. Otros vientos de cambio recorren el continente.
Uno es el final de la llamada “presidencia interina” de Juan Guaidó en Venezuela, que coincide con el diálogo para acordar elecciones en 2024; en Colombia prosigue la búsqueda de la paz total, mediante las negociaciones con grupos armados; continúa la movilización social en diferentes partes de la región; Chile vivirá un nuevo proceso constituyente; Perú se mantiene en busca de su estabilidad política, y crece la expectativa de las urnas en Guatemala y Argentina.
