En primera instancia, debemos profundizar en un análisis de la realidad jurídica y la operatividad de la persecución de delitos con las leyes que ya tenemos y la fuerza policial que opera en la actualidad, ya que, en la mayoría de las ocasiones, el emitir nuevas leyes implica sobrerregular materias que hoy se encuentran cubiertas, máxime que en los últimos años han proliferado iniciativas que fortalecen códigos penales y demás normas que tienen que ver con conductas que suceden en la red.
No podemos pasar por alto que desde 2002 se creó el Grupo de Coordinación Interinstitucional de Combate a Delitos Cibernéticos, encabezada por la entonces Policía Federal. A partir de ese momento han existido esfuerzos a nivel federal y a nivel local para crear áreas especializadas dentro de las Secretarías de Seguridad que se encarguen de la investigación de delitos que tienen como modalidad el uso del internet.
El verdadero cuestionamiento es saber qué tan efectivas son esas áreas, cuántos recursos tienen y si a lo largo de los años han entregado resultados.
La realidad es que pocas veces encontraremos casos de éxito por el simple hecho de que la inversión en esos espacios es nula o va muy por detrás de los delincuentes, por lo que habría que pensar en generar estructuras sólidas y estudios profundos para atajar a quienes usan el internet para delinquir.
Desde luego, una vez que tengamos un panorama general de cómo funciona, entonces sí, habría que adecuar la legislación penal para establecer todas las modalidades de delitos y evitar la impunidad y, evidentemente, también entender sí los tipos penales actuales cubren la sanción a hechos que ya vivimos, es decir, que son simplemente una modalidad sin necesidad de crear más leyes o más artículos.
Lo que es una realidad es que poco o nada se ha hecho desde la administración actual para atacar esos delitos que afectan a todo el pueblo de México; es como si fuéramos un paso atrás en este tema, por lo que urge inversión y seriedad para salvaguardar a millones de personas que a diario ven afectada su intimidad por este tipo de delitos.
Es importante, además, incrementar el presupuesto para esta área porque, en sentido estricto tiene relación con seguridad nacional, ya que este tipo de filtraciones las han sufrido dependencias de gobierno como Sedena, lo cual pone en grave riesgo al país.