Cada día somos testigos de nuevos y atroces ataques contra las mujeres, pocos son los éxitos que podemos contar en esta lucha contra la violencia infringida contra mujeres, sin embargo, este año vale la pena mirar a Puebla que se convirtió en la primera entidad federativa a nivel nacional en quitar la patria potestad a los feminicidas, así como el primer estado en reconocer las agresiones con sustancias químicas como intento de feminicidio y no como lesiones.
Este 2 de marzo, las y los diputados del Congreso del Estado de Puebla aprobaron reformas al Código Civil y al Código Penal, a fin de establecer la suspensión de la patria potestad cuando el titular sea condenado por el delito de feminicidio, o exista un auto de vinculación a proceso dictado por la misma falta o su tentativa, en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se aprobó por unanimidad el dictamen por el cual se tipifica y sanciona la violencia ácida, con lo que las agresiones con sustancias corrosivas o químicas se califican como tentativa de feminicidio con una pena de hasta 40 años a quien la cometa.
La “Ley Monzón” y la “Ley Malena” representan la lucha de cientos de mujeres en México. Y deben celebrarse pues contribuyen a visibilizar, reconocer y a erradicar la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas.
Además, es un logro para las mujeres de Puebla, quienes han levantado la voz con un activismo comprometido y valiente, que dignifica y lucha por sus hermanas, madres, amigas y compañeras a las que les han arrebatado la vida o que han sido seriamente lastimadas por la violencia feminicida.
Con estas reformas, así como con el impulso de la Ley Olimpia, las mujeres poblanas han dado muestra de su resiliencia y de su gran capacidad para transformar su dolor en activismo, en lucha, en acompañamiento a otras víctimas y en el impulso de legislación que posibilita mejores condiciones y justicia para las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La violencia en contra de las mujeres debe considerarse un tema prioritario para las sociedades y sus autoridades, pues tiene implicaciones para las víctimas, sus familias y para la comunidad en su conjunto: no es un problema solamente de los hogares o un tema “intrafamiliar”, es un problema social y de salud pública que vulnera los derechos de las víctimas, afecta el bienestar de sus familias y limita el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Rumbo al 8M: Enhorabuena por Puebla y por los esfuerzos que las mujeres activistas empujan en los Congresos locales y en el ámbito federal, a favor de una vida libre de violencia. Refrendemos nuestro compromiso en beneficio de la no violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus variantes.
