En los últimos años numerosos grupos de personas buscan una oportunidad para desarrollar sus capacidades fuera de sus lugares de origen o simplemente salen de sus países por razones económicas, políticas o sociales.
Como es natural esos millones de migrantes, prácticamente en todo el mundo, se mueven hacia naciones en donde hay mejores condiciones económicas o estabilidad política y social.
Ese es el caso de lo que ocurre desde hace tiempo en México con personas que provienen principalmente de Centroamérica. Se trata de un asunto que tiene décadas y al cual el gobierno del Presidente López Obrador le ha dado la mayor importancia desde el primer día de la actual administración.
El fenómeno migratorio pasa indiscutiblemente por el ámbito de la seguridad nacional, pero sobre todo es una cuestión humanitaria. Por ello, se creó una comisión en la que participan diversas instituciones para atender desde una perspectiva integral el movimiento de personas.
Por eso, el jefe del Ejecutivo Federal promueve con los gobiernos de los países de origen como el de destino impulsar el desarrollo de las regiones de expulsión con el fin de que las personas puedan quedarse en sus propios países.
De igual forma, se trabaja intensamente para que quienes llegan a México lo puedan hacer de manera segura, ordenada y se les atienda en la forma más adecuada.
Lamentablemente, la conclusión del llamado Título 42 generará mayores tensiones en especial en la frontera norte mexicana debido a que el gobierno norteamericano incrementará el número de detenciones y deportaciones de migrantes.
Las autoridades mexicanas han señalado con claridad que nuestro país solo puede recibir un máximo de mil personas diarias.
Para ello, más que un cambio en la política migratoria lo que se requiere es profundizar el diálogo diplomático y construir de manera conjunta soluciones que tengan como prioridad el trato humanitario y el respeto absoluto de los derechos de esas personas sin poner en riesgo la seguridad nacional de nuestro país.
