La política migratoria que inició el presidente López Obrador desde que asumió el poder es un rotundo fracaso. Su administración ha violentado sistemáticamente los derechos humanos de los migrantes.
Como trágico ejemplo podemos citar lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Es claro que se dio un trato inhumano y degradante al impedirles la salida y encubrir a los responsables. Este hecho es uno de los más ruines y que revelan el verdadero rostro corrupto de este gobierno.
La entrada en vigor del Título 8 en Estados Unidos, con la cual los migrantes serán deportados a México, deja al descubierto la incapacidad del gobierno mexicano de atender este fenómeno.
Ante ello, los migrantes que regresen a nuestro país volverán a ser víctimas de las bandas delincuenciales y de la corrupción y negligencia de los servidores públicos de Morena. Es decir, verán truncado su sueño de tener una vida mejor para ellos y para sus familias.
Error tras error. En plena crisis migratoria, con el fin del Título 42, el gobierno cierra 33 estancias migratorias para que los organismos protectores de derechos humanos no se den cuenta de las condiciones infames en las que están viviendo las personas migrantes.
Es evidente que las condiciones en los centros del Instituto Nacional de Migración tampoco han mejorado al enfrentar hacinamiento, falta de servicios médicos, comida, agua, lugares dignos; así como obligados a realizar filas de días enteros para que se les pueda otorgar un permiso de libre tránsito.
Al inicio de su administración, López Obrador prometió que la movilidad y migración sería regular, ordenada y segura; que habría fortalecimiento institucional; y que la reintegración de los migrantes a sus países, sería segura. Lamentablemente no ha cumplido ninguna de sus promesas.
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Es urgente que se corrija esta desastrosa política migratoria y que tanto el Canciller como el Secretario de Gobernación se pongan a trabajar. Que dejen de lado sus intereses personales como andar en campañas y se pongan a atender sus responsabilidades como servidores públicos.
Lo que es más que evidente es que no debe ocurrir otra tragedia como la de Ciudad Juárez.