La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió, por mayoría de 9 votos, la Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, declarando la invalidez total del decreto que contiene la reforma electoral (segunda parte del Plan B), esencialmente, porque se violó el proceso legislativo (potencial invalidante), tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Al respecto, quiero señalar que, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que los cambios legislativos que hemos emprendido atienden a normar el desarrollo de la ciudadanía de manera igualitaria e incluyente (que vivían en marginación y pobreza), y buscan consolidar el proyecto de nación de justicia social y libre de corrupción que encabeza el presidente de la república.
No obstante, quiero destacar, por una parte, que la Constitución Federal reconoce el derecho fundamental a la seguridad jurídica, que significa, entre otras cosas, que las normas que se emiten en el Congreso de la Unión deben seguir estrictamente con el procedimiento que establece y regula la propia Carta Magna, la ley secundaria y los reglamentos respectivos, lo cual, es nuestra obligación garantizar y, por otra parte, lo señalado por la Senadora Olga María Sánchez Cordero, en el sentido de que tenemos que hacer una reflexión personal hacia el interior de las cámaras, cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y los procesos para no tener que enfrentar invalideces por violaciones a éstos, y que el Máximo Tribunal del país, “entre al fondo” del contenido que sería importantísimo.
Finalmente, quiero puntualizar, que es necesaria una revisión profunda de las instituciones que imparten justicia y del derecho humano de acceso a la justicia en general que tenemos todas las y los mexicanos, y en caso de ser pertinente, hacer los cambios constitucionales y legales que se requieran.