En junio de 2020, hace poco más de tres años, cuando el Presidente de México habló en su conferencia mañanera de un documento que delineaba la estrategia electoral de un supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA), no se hicieron esperar las reacciones hilarantes, ni los comentarios y memes que con sorna tomaron el asunto a broma. Pero la realidad es que esas acciones del Presidente debieron causar más preocupación que risa, pues se trató de un abuso de recursos públicos y de la propaganda gubernamental para denostar a quien les diera la gana de cara a las elecciones más grandes de la historia del 6 junio de 2021. Pero las faltas se siguieron cometiendo, y ahora a julio de 2023, con la contienda presidencial a la vuelta de la esquina, es más que alarmante como se está utilizando todo el aparato del Estado para manipular la información y mentir, beneficiando sólo al grupo de poder que constituye el gobierno en turno, con el ánimo de influir en la competencia que libran los partidos políticos.
Algunos podrán entender que difamar en las mañaneras se trata de un uso faccioso de recursos públicos, ya que el hablar de determinada persona o grupo de personas no tiene los fines informativos, educativos o de orientación social que prevé el marco legal, pero aún un gran porcentaje de mexicanos no son conscientes de ello: piensan que por venir la información de medios oficiales se habla en nombre de los intereses de México y eso es falso. A ese gran porcentaje de mexicanos es al que le habla el Presidente, es al que dirigió el documento del supuesto BOA en la mañanera para anticiparse a lo que haría la oposición y para presentarlo como un peligro para México.
Hoy por hoy se repite la historia, pero ya no sólo se denuncia a un bloque amplio y lleno de nombres (hasta de funcionarios públicos y periodistas) para transformarlos en enemigos, sino que ya son personas y contendientes en específico, rumbo a las elecciones de 2024. Sus “adversarios” ya tienen un rostro concreto y amenazan sus posibilidades de perpetuarse en el poder, así que ha optado por ahondar más en ellos. Es por eso que el Presidente no ha escatimado su tiempo en denostar la capacidad, origen, patrimonio y reputación quienes pueden frenar a sus corcholatas.
Y al volverse a entrometer en la contienda electoral del 2024 el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso medidas cautelares, a lo que expresó: “¿Cómo es que no voy a advertirle a la gente que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el Gobierno para saquear y mantener el abandono a la mayoría de los mexicanos? ¿Por qué no lo voy a decir? Eso es lo más profundo, pero vamos a esperarnos”. Reitero, eso lo dice para seguir confundiendo a la ciudadanía que desconoce que la información de medios oficiales no representa los intereses de todo México, sino únicamente del gobierno en turno. Si el Presidente y sus seguidores encuentran elementos para denunciar esos actos delictivos como “saquear y mantener el abandono”, para eso están las autoridades competentes, para investigar y en su caso sancionar lo que conforme a Derecho proceda.
Además, el INE le solicitó modificar o eliminar el contenido de las mañaneras de los días 3,4,5,7 y 11 de julio, mismas en las que se refirió a diversos actores políticos de los partidos políticos de oposición. Pero ahora resulta que sus “mañaneras” tendrán una nueva sección, presuntamente a llamarse “No lo digo yo”, a fin de seguir (en sus palabras) informando a la ciudadanía. De nueva cuenta, actúa como si a él lo revistiera un manto de bondad y honestidad, y como si todo lo que él informara fuese para el bien del pueblo mexicano.
Pero más allá de todo ello, si el árbitro electoral frenó los dichos del mandatario, es porque es inconstitucional que se entrometa en temas partidistas y electorales, tal y como lo hizo en el 2020 y como lo ha estado haciendo a fin de favorecer a quienes supuestamente continuarán con su transformación.
El artículo 134 de la Constitución prohíbe a los servidores públicos, incluido el presidente, influir en la equidad o en la competencia entre los partidos políticos. Ello es así por varias razones: para mantener equidad en la contienda electoral y garantizar el cabal ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía y para evitar que justamente los funcionarios públicos, incluido de nueva cuenta el Presidente, actúen como contendientes. Su cumplimiento no es a voluntad si no que es una obligación. Curioso resulta que ahora se desconozca este precepto legal, siendo que se modificó después de una disputa precisamente electoral entre el entonces Presidente en el 2006 y el ahora Presidente.
Esperemos que además de las medidas que imponga el árbitro electoral, más personas reconozcan los abusos de la 4T a nuestros recursos públicos como fraude a la ley y que recurran al análisis crítico frente a cualquier amenaza populista que haya denunciado la corrupción y la ilegalidad para perpetuarla en su gobierno.
