Vivir en México se ha convertido en un constante desafío debido a la crisis de inseguridad pública. Una vorágine de sufrimiento e intranquilidad se alza sin remedio desde hace tres sexenios. Y uno de los principales causantes es el crimen organizado por parte de los cárteles de la droga, pues sus múltiples actividades contribuyen al deterioro del tejido social: desde la generación de mayor pobreza hasta el establecimiento de autoridades prácticamente acotadas a su voluntad. Y lo peor es que crece rápidamente, pues el Índice de Paz México 2023 constató que la tasa nacional de delincuencia organizada ha aumentado un 64.2 % en los últimos ocho años.
Ya pasaron los tiempos en los que los cárteles vendían solamente mariguana, heroína y cocaína, pues ya comercializan otras drogas sintéticas como el fentanilo. Según la base de datos BACRIM 2020 creada por el CIDE-PPD, cerca de 150 grupos criminales estaban activos en México en 2020. En este 2023 se estima que esa cantidad ya haya ascendido a 200, ya que prácticamente tienen un gran caldo de cultivo para evolucionar: un entorno de libre mercado y competitiva violencia entre sí, con la anuencia del actual Gobierno que prefiere recurrir a sus propios datos para simular que todo está bien y dejarlos actuar a sus anchas bajo la máxima de “Abrazos no balazos”.
Los cárteles están empezando a cubrir la industria pesquera de Sonora hasta la economía ganadera del norte de Jalisco. Controlan el cultivo del aguacate de Michoacán hasta el turismo. Taxistas, mercaderes, repartidores de agua y tortillerías están adoleciendo su poder. Son afortunados los municipios que no han sentido sus estragos, pero por desgracia sus habitantes cada vez ven más cerca cómo se expande ese círculo de violencia e impunidad, ya sea con personas conocidas de otras regiones o en las noticias.
Por otro lado, abundan en las redes sociales terribles videos que parecen sacados de una película gore, ya que se exponen a humanos siendo torturados y mutilados sin piedad. Tal y como la hacen los grupos terroristas, los elementos del crimen organizado se jactan de su poder e impunidad matando a diestra y siniestra. A pesar de que los primeros comenzaron con un fin religioso, hoy al igual que los segundos se erigen como verdaderos enemigos del Estado, ya que de modo indiscriminado crean alarma social con fines políticos y de dominación social.
Menciono los fines políticos porque ya el crimen organizado se ha tornado más complejo: va más allá de sus fines económicos, ahora se disputa el poder y el control territorial más allá de sus límites de venta de drogas como financiamiento. Según el más reciente Índice Global de Crimen Organizado de 2021, México ocupa el cuarto lugar en el mundo en términos de criminalidad y el segundo en América, ya que obtuvo nueve de diez puntos en las categorías de grupos de tipo mafiosos y redes criminales, lo que se traduce en que casi todos los aspectos de la vida social se ven afectados por el crimen para los mexicanos.
Nótese ello también en la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía mexicana. Según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 62.3% de los mexicanos consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Ciudades como Ecatepec, Estado de México, Ciudad Obregón, Sonora y Fresnillo, Zacatecas tienen los terribles índices del 87.6%, 90.3% y 91.7% de percepción de inseguridad: aquí prácticamente casi todos sus habitantes viven con miedo de ser víctima de un delito en cualquier momento y lugar, afectando su calidad de vida y el desarrollo de su persona y de sus familias.
Diario los ciudadanos se enfrentan a altos índices de violencia, robos, extorsiones y asaltos que ponen en peligro su integridad y tranquilidad. Esta situación no solo es alarmante, sino que ha llegado a niveles insostenibles, generando un clima de temor e incertidumbre.
Las y los especialistas e investigadores se están enfrentando a la difícil tarea de analizar el panorama criminal de México. El uso de la tecnología, la descomposición social que se acrecienta por la desigualdad y la violencia impelen las condiciones para un futuro escalofriante. México está en las mismas condiciones que un país en guerra, y su enemigo está evolucionando a la par de la militarización de la seguridad pública en México. Debe de definirse al enemigo como tal para obtener la legitimidad social necesaria para combatirlo, en un esquema estratégico y de colaboración con otras naciones. Quizá este Gobierno no quiere verlo así, porque no le conviene admitir que sus predicaciones no trajeron la paz que prometieron.
