En México, como en muchos países, existe una falta de cultura al respeto hacia las mujeres. Resulta inadmisible que hombres que abusen de su condición física o posición de poder para pretender dominar a las mujeres simplemente por el hecho de serlo. Se trata de una situación que debemos erradicar desde la educación y, por supuesto, sancionar las conductas que atentan contra su vida.
El combate a esas expresiones es producto de una larga e intensa lucha que diversas generaciones de mujeres hemos realizado. Entre las muchas acciones que se llevan a cabo destacan, por su puesto, las reformas legales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y para establecer como un tipo penal específico el feminicidio.
En el Senado conocemos esta terrible problemática y una de las primeras acciones consensadas consistió en la tipificación del feminicidio e incluso elevar a rango constitucional el Art. 19, la prisión preventiva oficiosa de este delito ya sea en grado consumado o de tentativa.
Igualmente hemos desarrollado una serie de reformas para terminar con la impunidad, para que los impartidores de justicia tengan los elementos y no se permitan más actos de violencia contra las mujeres.
De igual forma se han creado instituciones públicas y una gran cantidad de organizaciones sociales dedicadas a evitar que las mujeres sigan padeciendo agresiones físicas, verbales y cualquier otra forma que atenten contra la dignidad y el derecho indiscutible de vivir y desarrollarse en paz y libertad.
Todos los feminicidios exigen el rechazo de la sociedad, pero también una intervención más decidida y efectiva de las autoridades. Recientemente, se hizo viral un video en el que una mujer sufre el maltrato que terminó con su vida en el estado de Guanajuato por parte de un criminal que con absoluto cinismo simplemente huyó. Tuvo que haber una gran presión social para que el gobierno local actuara.
No se pueden tolerar esas conductas por lo que se requieren políticas realmente eficaces de respeto a las mujeres desde la infancia, pero también es necesario fortalecer las acciones de todas las instituciones públicas y sumar a las organizaciones sociales, en especial, las que trabajan en favor de las mujeres para acabar con ese flagelo que las pone en constante riesgo sin importar su edad, su condición económica o social solo por ser mujeres.