El fenómeno migratorio es una realidad que no se detendrá. Los múltiples registros en el aumento de personas que se encuentra en movilidad transfronteriza a nivel mundial —incluyendo familias, mujeres y menores de edad sin acompañamiento—, así como la peligrosidad de las rutas irregulares que transitan y que en ocasiones les lleva a arriesgar su vida, son directamente proporcionales a la falta de oportunidades, las carencias socioeconómicas y la inseguridad que viven las y los migrantes en sus países de origen. A lo anterior se suma la falta de políticas que deriven en una gestión del fenómeno migratorio seguro, regular y ordenado.
El 3.6 por ciento del total de la población del mundo son migrantes que, en su mayoría, partieron en búsqueda de mejores oportunidades laborales. El corredor migratorio entre México y Estados Unidos representa cerca del cuatro por ciento de la migración global, es decir, es el más grande del mundo y también el cruce terrestre más letal.
Las cifras de los últimos dos meses reportan un aumento general del 26 por ciento en el flujo migratorio hacia México con destino a Estados Unidos, y un incremento del 45 por ciento de menores sin acompañamiento, además de que casi a diario las autoridades migratorias mexicanas reportan la localización de personas migrantes en trayectos de sur a norte, que son desplazadas por traficantes. Al mismo tiempo, nuestro país se ubica —junto con España— en la tercera posición mundial con el mayor número de nuevas solicitudes de asilo, después de Estados Unidos y Alemania.
La realidad a la que nos enfrentamos como un país históricamente de expulsión, tránsito y retorno de migrantes es que también somos una nación de acogida, lo cual suma nuevos retos por atender: el cuidado de la diáspora mexicana; el tránsito de personas migrantes regionales y transcontinentales, y la integración socioeconómica de connacionales y extranjeros en retorno.
El contexto migratorio pareciera rebasarnos con ejemplos de lo apremiante de la situación en todo el mundo. La ciudad de Nueva York y el estado de Massachusetts en Estados Unidos se han visto afectados por el repentino incremento del flujo migratorio. Tanto el alcalde Adams como la gobernadora Healy califican la situación como insostenible, con presupuestos insuficientes para atender a las personas migrantes que requieren de hogar, comida, asistencia médica, educación, etc. Por ello, han pedido al Gobierno estadounidense que se declare estado de emergencia, les otorgue presupuesto y facilite el permiso de trabajo bajo el estatus de protección temporal para las y los inmigrantes que arribaron en forma masiva en el último año.
La realidad del flujo migratorio en nuestro país es similar, si bien el Gobierno mexicano se ha esforzado en atenderlo, la estrategia restrictiva y los programas productivos en el sureste del territorio nacional y el Triángulo Norte centroamericano no han disuadido la necesidad de migrar y rebasaron la capacidad de gestión gubernamental.
Como escribí anteriormente, es necesario concretar acuerdos bilaterales y regionales, así como políticas públicas adecuadas para la gestión de vías migratorias seguras y regulares. Se requiere la participación de todos los países involucrados, teniendo claridad de que se trata de un fenómeno multidimensional que hay que atajar desde una perspectiva humana y empática con propuestas de solución ágiles basadas en el análisis de datos, con esquemas coordinados de prevención y seguimiento de delitos contra las personas migrantes, e instrumentando marcos legislativos y políticas públicas hacia la integración social y productiva en los países de acogida.
México es un actor clave en la gestión migratoria, y por ello su capacidad y responsabilidad debe ser sólida y resiliente. Debemos ser líderes en la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo, con esquemas de migración flexible y movilidad temporal circular que aseguren el acceso a mercados de trabajo dignos; habilitar proyectos de capacitación bilaterales para la formación de personas con deseos de migrar, pero también con medidas que consoliden la permanencia de las personas en su país de origen; explorar programas hacia la inversión productiva de las remesas, y la integración socioeconómica de las y los migrantes.
Lograr esto materializaría el fenómeno migratorio como parte importante del desarrollo sostenible local, nacional, regional y global, siempre con la plena participación de todos los niveles de Gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial, así como con los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de la región latinoamericana.
