Reconocer los derechos y las libertades no significa limitar los mismos en personas que socialmente por prejuicios son discriminadas. Para la Constitución Política de nuestro país, todos somos iguales ante la Ley.
Entonces, cualquiera que sea el sexo, la orientación sexual e identidad de género de las personas, la Constitución en su artículo primero es muy clara: no debe ser motivo de discriminación alguna.
Hay libertad en México para definirse como individuos, eso significa que podemos asumirnos como queramos y eso tiene que ser respetado. No hay ni discusión ni polémica sobre las decisiones de la vida privada.
Lamentablemente, las y los políticos no han entendido que su función es hacer que el Estado otorgue tales garantías y que se cumpla la ley mediante políticas públicas, programas, proyectos e instituciones.
En vez de eso, en aras de articular discursos populistas enarbolan narrativas que caen en su opinión personal, puntos de vista religiosos, o incluso en un odio disfrazado de libertad de expresión.
El debate de la política no es sobre qué tan o menos mujer es Wendy Guevara o la comunidad trans. El debate es cómo garantizamos la no discriminación y la no violencia para todas las personas mexicanas tal como nos dictan las leyes.
No se vale que por ganar votos pongan en medio a una comunidad cuya expectativa de edad, precisamente, por la transfobia, llega a los 35 años. Les matan.
Así que hagamos conciencia que respetar el estado de Derecho y ejercitar nuestra empatía no le hace mal a nadie.
Art. 1: Artículo 1o. “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
