Con 30 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 21 en contra de los legisladores del oficialismo de la derecha, PAN, PRI, MC Y PRD (¡era de esperarse!), la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen- que aún debe pasar por el pleno de San Lázaro- que autoriza la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal donde hay disponibles 15 mil 434 millones de pesos según cifras de los informes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Esos recursos son para pagar los excesos de la élite judicial y deberá regresar a la Tesorería de la Federación a favor de las y los mexicanos, en beneficio del pueblo de México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano que maneja de manera autónoma su presupuesto, por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido que reduzca su presupuesto.
“La acumulación de recursos en estos fideicomisos ha generado críticas tanto por su elevado monto, tanto por el hecho de que se relaciona mayormente con prestaciones especiales, y más aún, que son utilizados como bolsas de ahorro, financiadas, de origen con recursos públicos”, precisa la exposición de motivos de la enmienda que adiciona un párrafo segundo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La adición de un segundo párrafo al Artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que precisa que en el Poder Judicial “no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales, salvo el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que es el único que contempla la propia ley”. (El Economista, 11 octubre, 2023).
De hecho, la Ley Federal de Presupuesto establece que el Poder Judicial sí puede tener fideicomisos, pero todo aquel que esté relacionado con el fortalecimiento del objetivo constitucional de garantizar justicia o la instrumentación de las reformas.
En lo particular, respaldo completamente la propuesta de las y los diputados de Morena que plantea la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que son utilizados básicamente para el pago de pensiones fuera de la ley (adicionales a los otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), además de lujos como el pago de mantenimiento de las casas de los magistrados y jueces que ya reciben salarios millonarios e ilegales con el dinero de todos los mexicanos. Los privilegios, y “necesidades” privadas de ministros, magistrados y jueces, no tienen nada que ver con su actividad pública.
Considero que debe revisarse que no existan afectaciones a los derechos laborales de las y los trabajadores. La Suprema Corte y los grupos conservadores tratan de manipular a los trabajadores con la falsa idea de que ese " guardadito” que acumuló la Suprema Corte en los últimos años es para pagar sus jubilaciones y pensiones; “lo que es absolutamente falso, ya que sus derechos laborales están garantizados”, como ha comentado el senador Alejandro Armenta.
El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena agrega, a su vez, que lo que será afectado son los grandes derroches, pero el de los de arriba, de los ministros, magistrados y jueces.
De los 14 (fideicomisos), sólo uno está en la ley. O sea, quienes deben de cumplir la ley no la cumplen. Todos los demás (fideicomisos) están fuera de ley.
Aclaró que no son los 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la federación, sino los mandos medios y superiores quienes tienen acceso a los fondos que se utilizan para el mantenimiento de sus viviendas, apoyos médicos adicionales, así como pensiones y prestaciones complementarias, muchas veces a costa de la eficacia en la operación de los juzgados, que carecen de materiales básicos como hojas, plumas, sillas, computadoras.
“En sacrificio de la función sustantiva que es garantizar justicia pronta y expedita a los mexicanos”, criticó al tiempo de enunciar que debería ser a la inversa: dotar de los recursos necesarios a los juzgados con personal, materiales y tecnología a fin de mejorar los procedimientos en materia de justicia y no de enriquecer a unos cuantos”.
También considero que el Poder Judicial debe entrar en el proceso de austeridad y racionalidad del gasto público que lleva la 4T, en vez de continuar amasando fortunas violando la aplicación de la Constitución que en su artículo 127 establece que ningún funcionario público puede ganar más que el titular del Ejecutivo.
Recordemos que, tras aprobarse la Ley de Austeridad Republicana para reducir los altos salarios en el sector público, comenzando con el del Presidente, los del Poder Judicial se ampararon con artimañas, nulificando la ley de austeridad para así continuar con sus mismos sueldos y privilegios.
No olvidemos que un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales, si se suman todas las prestaciones que obtiene. Es decir, casi siete veces más de lo que percibe el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. (De acuerdo con información oficial de la Secretaría de la Función Publica su sueldo bruto mensual es de 184 mil 468 pesos, y neto estimado 128 mil 205.26).
Después de saber que los ingresos directos para cada uno de los ministros ascienden a 10 millones de pesos para servicios personales, sueldos y todo lo relacionado con servicios personales y generales en torno a ellas y ellos, la pregunta es: ¿Cómo un impartidor de justicia gana esas cantidades en un país con tanta injusticia y desigualdad?
De los 13 Fideicomisos creados para mantener privilegios, cinco pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y será el poder legislativo quien resolverá el tema de los Fideicomisos, pues tiene entre sus facultades exclusivas la aprobación del presupuesto público.
Será en San Lázaro donde se concrete la eliminación de los fideicomisos que bien podrían aplicarse para otorgar becas a estudiantes, “porque el presupuesto no es dinero del gobierno, ni de los servidores públicos, ni del Poder Judicial, sino dinero del pueblo y por eso debe distribuirse de forma justa”, como asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.
¡Ya estuvo bueno de tanto derroche! por más que las altas esferas del Poder Judicial continúen peleando sus “guardaditos”...
