La clase política cayó en la trampa del presidente que se empecinó en adelantar el proceso a toda costa, pero una vez ahí no debería ser difícil ajustarse a los límites. Sin embargo, vivimos en un país de tradiciones y una de ellas es que si la mayoría lo hace es porque es “ley”.
Eso no quiere decir que sea correcto, pero es lo que es. El proceso está adelantado y, pese a las denuncias que se han hecho, los políticos no están dispuestos a acatar lo preestablecido por el marco jurídico electoral.
Así será mientras no exista ética suficiente como para frenar las propias ansias de partidos y candidatos. Lo que resultará en más trabajo para el árbitro electoral, no así para el Legislativo que se supone ya tiene resuelto esto.
En estos tiempos, cada quien tendrá que asumir los costos de adelantarse porque lo que es un hecho es que, con todo y hartazgo de la gente, esto ya empezó y no hay forma ni de detenerlo ni de regresar el tiempo. Más que eso: atenerse a las consecuencias legales que resulten del ánimo de los adversarios y la ciudadanía alargar la tortura como la paciencia de la prisa presidencial.