La semana pasada, se dio a conocer la noticia sobre el hackeo y, consecuente, filtración de la base de datos de periodistas que cubren las conferencias “matutinas” del presidente de la república, datos personales y sensibles de más de 300 personas nacionales y extranjeros (documentos de identificación, teléfono, Registro Federal de Contribuyentes, correos electrónicos, domicilios, pasaportes, visas, entre otros).
Al respecto, el presidente señaló que se trató de un hackeo “para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores”, además de que se trata de una “guerra sucia y espionaje”.
Asimismo, se comprometió a dar un informe detallado sobre el tema que nos ocupa y que habrá acciones legales “contra quien resulte responsable”, además de que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), inició las investigaciones correspondientes.
Lo anterior, significa que, en estos tiempos, ni personas ni entidades de gobierno, gozamos de garantías absolutas, para no ser intervenidos en nuestra información cibernética. Es importante que en nuestro país se expida la Ley de Ciberseguridad, para garantizar la seguridad cibernética de la ciudadanía y de las instituciones gubernamentales (seguridad pública y protección de derechos).
Puesto que es evidente que las amenazas cibernéticas son cada vez más frecuentes, complejas y destructivas, que atentan contra derechos humanos como: la vida, la integridad, la salud, el patrimonio, datos personales, activos de información, privacidad, la reputación y, las consecuencias que genera, pueden ser muy perjudiciales para la sociedad, sobre todo, por la desinformación o la mala utilización de ésta.
También es importante que se implementen políticas públicas que involucren a las tecnologías de la información y comunicación, así como la rendición de cuentas. En el Congreso de la Unión ya trabajamos en una ley con los fines expuestos; iniciativa que fue presentada por un compañero legislador del PVEM.
