En algunas regiones del país hay manifestaciones exacerbadas de violencia por la presencia de grupos que actúan al margen de la ley, vinculados con la producción y trasiego de sustancias ilícitas.
La solución a esa problemática exige que se haga el mayor esfuerzo para que los pueblos y comunidades puedan recuperar la tranquilidad y la paz que es indispensable para que todas las personas puedan realizar sus actividades en condiciones de normalidad.
En ese sentido, las autoridades responsables de la seguridad pública, así como de procurar e impartir justicia están realizando su labor de manera correcta, dentro del marco del respeto a los derechos humanos y de la estrategia que busca evitar la confrontación en la sociedad.
En ese contexto, el Estado mexicano está presente y lo hace con apego a la legalidad. No obstante, ha surgido la participación de liderazgos sociales incuestionables como son los dirigentes religiosos, quienes recientemente hicieron públicas conversaciones que han tenido con quienes dicen tener el control de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y otras cuestiones ilegales.
Es importante que todos los esfuerzos se puedan sumar para pacificar las regiones en donde la paz social se ha visto alterada. El diálogo en la sociedad siempre será positivo para alcanzar ese objetivo superior. De cualquier forma, las instituciones públicas cumplen a cabalidad y de manera eficiente la encomienda que tienen por Ley.
En ese sentido, es encomiable que algunos obispos hayan buscado el encuentro con las organizaciones que operan fuera del Estado de Derecho, sin que ello signifique que las autoridades dejen en sus manos la obligación de proporcionar seguridad a toda la población. La delicada situación que sucede en algunas regiones del territorio obliga a que todos aquellos que puedan ayudar lo hagan para que sin enfrentamientos estériles que únicamente lastiman a la sociedad y a todas las mexicanas y los mexicanos.