La violencia político-electoral sigue demostrando que se ha rebasado la capacidad de las autoridades para garantizar una pacífica jornada electoral. Cada gobierno ha demostrado tener las mismas (o peores) limitaciones para trazar una estrategia sistémica en favor del derecho humano de votar y ser votado.
Todo ha quedado por desgracia en acciones temporales y protocolos, pero no en la colaboración entre los órdenes federal, estatal y municipal, a pesar de lo que prescribe nuestra Constitución, al considerar la protección del sufragio como una asunto que compromete la estabilidad y seguridad del Estado y las personas, o bien, el artículo 216 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que prescribe que la salvaguarda de las boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional.
Al día de hoy, este Proceso Electoral 2023-2024 pinta desgraciadamente para ser el más violento de la historia. Según el reciente informe de Votar entre balas. Entendiendo la violencia criminal – electoral en México, de Data Cívica, entre el 1 de enero de 2018 y noviembre de 2023, se han registrado 1,563 ataques, que comprenden asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político. De igual forma en los últimos meses, 16 políticos que buscaban un cargo de elección fueron asesinados desde el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de este 2024, según un reporte publicado por Laboratorio Electoral. Y a esto sumémosle las amenazas, atentados, secuestros y desapariciones.
Y tal y como señala la multicitada frase atribuida a Ruiz de Santayana “El que no conoce su historia, está condenado a repetirla”, ya que se está repitiendo lo de las elecciones anteriores 2020-201, donde ONU Mujeres y Etellekt Consultores en materia de comunicación y riesgos, respectivamente, registraron 343 agresiones contra mujeres políticas, incluyendo el asesinato de 15 de ellas, así como 1,066 delitos globales (agresiones) en contra de personas políticas, de los cuales 102 de ellas fueron asesinadas. Todas las víctimas son más que cifras, son vacíos perpetuos en las vidas de sus seres queridos.
Tras la tragedia de las pasadas elecciones, personas expertas de la misma ONU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizaron un llamado a las autoridades mexicanas para que pusieran fin a la intensa polarización de la vida pública y que garantizaran que las futuras elecciones se celebren de forma pacífica… pero al día de hoy no ocurrió, y por el contrario, me detengo en este punto, el país está más polarizado que nunca.
El mecanismo base que debe articularse tanto en los códigos y leyes estatales, así como en los planes de acción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las respectivas secretarías de seguridad públicas estatales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las policías de los tres órdenes de gobierno y el Ejército, ha quedado relegado ante una agenda gubernamental enfocada en la comunicación y el desprestigio mediático hacia quienes no son afines las ideas del oficialismo. Insultos y descalificaciones que aumentan la polarización inciden también en la ola de violencia que se expande sin control y que nos pone en riesgo a todas y todos.
Según el Índice de Paz México 2023, la polarización política se ha convertido en “un tema de creciente preocupación en el país”, ya que según una encuesta realizada en 2022, el 52 % de los mexicanos creía que su país estaba muy o extremadamente dividido y que el 65 % creía que era poco probable que las divisiones pudieran superarse. Además, el reciente estudio de Latinobarómetro, del cual también ya he opinado en este distinguido espacio, encontró que el 51 % de los mexicanos sentían que podían tener consecuencias negativas si expresaban libremente sus opiniones.
Personas expertas han coincidido al opinar que la polarización disminuye las capacidades de los gobiernos para paliar la violencia de forma estratégica y que influye para que los ciudadanos no quieran participar en los diversos procesos cívicos. Es por ello, que parlamentarios de diversas fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano, han dejado claro que el llamado debe de ser para construir un diálogo conjunto en busca de un mejor lugar para ejercer nuestros derechos democráticos.
Aún le falta mucho a nuestro sistema jurídico para que las personas del ámbito político puedan decir a viva voz que sí existe una ventanilla efectiva de denuncias y una investigación exhaustiva por parte de las autoridades cuando se perciben amenazas. Pero en tanto la protección se hace efectiva y se ajustan los mecanismos institucionales, lo que al menos deben hacer los liderazgos gubernamentales es partir de los aciertos y experiencias que ha enseñado la historia y dejar de lado los adjetivos y descalificaciones que sólo ponen de manifiesto ser más de lo mismo que se pretende combatir.
