La impunidad consiste en dejar sin castigo a los delincuentes por los delitos cometidos o recibir una pena menor de la prevista en la ley. Por otra parte, esta ausencia de sanción implica un deterioro para el Estado de derecho y un daño para las víctimas quienes jamás logran obtener una justa reparación del daño causado. En la Ciudad de México el 98.4% de los delitos denunciados quedan impunes.
De acuerdo con el documento “Hallazgos desde lo local 2021, elaborado por México Evalúa, el índice de impunidad en la Ciudad de México por tipo de delito es el siguiente: narcomenudeo y desaparición 100%, homicidio doloso 98.7%, violencia familiar 97.5%, violación 95.7%, robo simple 92.9%, extorsión 92.8%, feminicidio 92.2% y secuestro 62%.
Además, como resultado de un sistema de justicia fallido y de la inacción de los gobernantes que carecen de capacidad y voluntad para proporcionar seguridad a los habitantes, durante 2021 se incrementó la incidencia delictiva en casi un 13%.
Es evidente que la procuración de justicia en la capital del país con los gobiernos morenistas no ha funcionado, pues las instituciones están plagadas de corrupción y además no es un secreto para nadie que la exfiscal y el actual encargado de la institución han abusado de su poder encabezando persecuciones políticas.
Por otra parte, a pesar de que el presupuesto que recibe la Fiscalía de la Ciudad de México es superior al promedio del que reciben las demás entidades federativas, su gestión es sumamente ineficaz y sus procesos ineficientes pues no se invierte en la profesionalización de los servidores públicos.
Como ejemplo de la ilegalidad bajo la que opera la fiscalía capitalina, tenemos actos de intimidación orquestados recientemente en contra de Santiago Taboada, candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por México” por supuestas amenazas.
Esta institución en vez de trabajar en la persecución de los delincuentes y la prevención del delito, sigue las instrucciones de un jefe de gobierno cuya candidata no levanta en las encuestas. Una vez más el oficialismo utiliza los recursos públicos para fines distintos a los previstos en las leyes. ¡Son terribles! Al tiempo…
DETALLES. Para el presidente de México ninguna ley es más importante que su autoridad, es gravísimo que haya puesto en riesgo la seguridad de una periodista que está cumpliendo con su trabajo ejerciendo el derecho de libertad de expresión.
Recordemos que México es el país más peligroso para los periodistas, y el inquilino de Palacio es el mayor responsable de esta situación, pues su principal objetivo es silenciarlos para que no puedan ejercer su profesión. En este sexenio ya van 43 periodistas asesinados.
