En días recientes, se dio a conocer la noticia de que un hacker identificado como “Ackerman” puso a la venta una base de datos que presuntamente contiene información personal y sensible de 12 millones de mexicanos (nombre completo de la persona registrada en la plataforma, número de teléfono, correo electrónico, CURP y afirma tener acceso al nivel económico de la persona, empleos anteriores, información académica, competencias laborales y todos los detalles proporcionados por los candidatos en su búsqueda de empleo).
Los datos habrían sido obtenidos tras comprometer la seguridad del sitio empleo.gob.mx del gobierno federal. La venta de esta base de datos, comenzó el 21 de febrero a las 15:45 horas.
De conformidad con lo previsto en los artículo 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al órgano autónomo Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), la protección de datos personales, por lo que le compete llevar a cabo la investigación correspondiente, y en caso de detectar una vulneración, tomar las acciones correspondientes.
Es evidente que las amenazas cibernéticas son cada vez más frecuentes, complejas y destructivas, que atentan contra derechos humanos como: la vida, la integridad, la salud, el patrimonio, datos personales, activos de información, privacidad, la reputación y, las consecuencias que genera, pueden ser muy perjudiciales para la sociedad, sobre todo, por la desinformación o la mala utilización de ésta.
Ni personas ni entidades de gobierno gozamos de garantías absolutas, para no ser intervenidos en nuestra información cibernética, de ahí la urgente necesidad de que en nuestro país se expida la Ley de Ciberseguridad que abarque todas esas circunstancias, para garantizar la seguridad cibernética de la ciudadanía y de las instituciones gubernamentales (seguridad pública y protección de derechos).