Durante el primer semestre de 2024 se realizarán campañas electorales sin precedente en México. El próximo 2 de junio, casi 100 millones de personas acudiremos a las urnas para renovar la presidencia de la República, la totalidad del Congreso federal, 9 gubernaturas y una gran cantidad de legislaturas locales y ayuntamientos municipales. Eso significa que estarán en juego alrededor de 20 mil cargos en todo el territorio nacional.
Ello implica que habrá una actividad enorme que llevarán a cabo candidatas y candidatos de las más diversas ideologías y fuerzas políticas que servirán para que el electorado tome las decisiones que más convengan a la Nación. Esas contiendas deberán ajustarse al cumplimiento de las normas jurídicas federales y locales que se traduzca en el fortalecimiento de nuestra democracia.
En ese contexto, las autoridades electorales como el INE, los organismos estatales, los tribunales locales y federal, así como las fiscalías que son las responsables de la aplicación de las leyes deberán ser instituciones estrictas en vigilar que todo se realice en forma ordenada y conforme a las previsiones jurídicas.
No obstante, es necesario considerar que la obligación del respeto al marco legal no solo es una cuestión institucional, sino que corresponde, en primera instancia, a quienes contienden por los diversos cargos, a los partidos que las y los postulan e incluso a la propia sociedad que participa en el proceso electoral.
La limpieza de las elecciones depende de todos. Es un tema de corresponsabilidad. Afortunadamente en México ya pasaron los tiempos en los que los partidos o desde el gobierno se manipulaba la voluntad popular mediante los más sofisticados mecanismos de fraude electoral.
Nos encontramos en una nueva etapa que ha construido una ciudadanía madura que ha permitido consolidar nuestro sistema democrático. Por esta razón, hay que tener confianza en que en durante las campañas privará la civilidad política y el respeto al Estado democrático de Derecho.