El próximo 02 de junio, se llevarán a cabo las elecciones de presidente de la república, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 9 gubernaturas, así como la renovación de congresos locales, diversas presidencias municipales, alcaldías, regidurías y síndicos, más de 20 mil cargos.
La Constitución Federal establece las bases sobre las cuales se desarrollan estos procesos mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.
Es muy importante que las y los candidatos a cualquier cargo de elección popular en México, sigan estrictamente los principios constitucionales y la normatividad reglamentaria y secundaria que existe en materia electoral, pues la finalidad de contar con reglas claras es, precisamente, que los procesos electorales se lleven a cabo respetando los principios de imparcialidad, igualdad y equidad entre los contendientes.
Que se ejerza de manera responsable el derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, así como que en ningún momento se pueda contratar o adquirir, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, y que, con ello, influyan en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra.
El INE es el encargado de vigilar este tipo de actos y el Tribunal Electoral del PJF es la máxima autoridad jurisdiccional y especializada, quienes, en el ámbito de sus competencias, son los encargados de investigar si los candidatos, con las acciones llevadas a cabo, son responsables de transgredir las leyes electorales y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.
Destaco que, en procesos electorales anteriores, se sancionó con multas para partidos y candidatos derivadas de anomalías en sus informes de gastos de campaña federales y locales por más de 1,200 millones de pesos, y por 129 millones 797,083.57 de pesos que correspondieron a 748 quejas; lo anterior, garantiza limpieza y sanciones en el proceso electoral que nos ocupa.
