La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, se llevó a cabo una persecución, ataque y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el asesinato de varias personas y más de dos docenas de heridos.
Sin duda, a partir de dichas fechas, autoridades del estado mexicano, colectivos de la sociedad civil, padres y familiares de los estudiantes se han dado a la tarea, en el ámbito de sus competencias, de llevar a cabo la búsqueda e investigaciones correspondientes, primero, para encontrarlos y, segundo, para sancionar a los responsables de dichos hechos lamentables.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares 409/14, se integró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, asimismo, el presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas e instruyó la creación de una comisión para fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad.
También reconoció que en su sexenio no podrá concluir la investigación del caso, a pesar de que uno de sus principales compromisos al asumir el gobierno fue llegar a la verdad por esos hechos y encontrar a los jóvenes desaparecidos.
En México, hemos luchado por décadas para contar con instituciones importantes de procuración, investigación e impartición de justicia, fuertes, autónomas, independientes e imparciales, tanto a nivel federal como a nivel entidades federativas, precisamente, que nos garanticen los derechos humanos y fundamentales que tenemos todas las personas de acceso a la justicia.
Por ello, confiamos las y los mexicanos que este caso de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, tan doloroso para sus padres y familias, muy pronto tenga resultados finales y se dé con su paradero. De lo contrario, seguirá siendo un asunto pendiente y muy lastimoso para nuestro país.